En un país bien gobernado las políticas públicas se dirigen a satisfacer necesidades reales y concretas de los ciudadanos. Es decir, la gente importa, la gente vale, la gente significa algo, la gente cuenta… El antiguo régimen priista acometió algunas grandes tareas, hay que decirlo y reconocerlo: ahí están los institutos médicos de excelencia, los organismos de seguridad social y, en lo que toca a los entes del Estado, contamos con una estructura pública razonablemente sólida, justamente la que el movimiento de la 4T está desmantelando a grandes pasos.
El asunto es que el vecino, el hombre de a pie, nunca fue el verdadero protagonista en México. Fue, antes que nada, un súbdito del que se esperaba un natural avasallamiento frente al poder. Fue un sujeto que, en la práctica, nunca mereció derechos verdaderos. Fue un simple votante, en el mejor de los casos, beneficiario de las correspondientes prácticas clientelares a cambio de su adhesión a los caciques de turno.
Paradójicamente, el aplastante sistema presidencialista centrado en las potestades de una sola persona no llevó a la instauración de un Estado fuerte: la cosa pública no se manejaba a partir de la institucionalidad sino que todas las acciones se derivaban en exclusiva de la voluntad del supremo mandatario y es por ello que el fin del presidencialismo significó la paralela terminación de la gobernabilidad de siempre.
La debilidad del Estado mexicano –encarnada en realidades tan absolutamente escandalosas como los índices de impunidad ante los delitos, el catastrófico desempeño del aparato de justicia, la falta de certezas jurídicas y el imperio de los criminales— es un reto colosal para la nación mexicana. Y los esfuerzos gubernamentales deberían de orientarse, en su práctica totalidad, a acometer tan monumental y urgente tarea en lugar de desviarse en proyectos cuya viabilidad misma está en duda precisamente porque no están sustentados en auténticas decisiones… de Estado.
¿Qué vemos? ¿Qué observamos? Pues, miren ustedes, constatamos, una vez más, lo mismo de siempre: la corrupción sigue a todo tren, la opacidad en la asignación de contratos para obras públicas se incrementa, los recursos del erario se dilapidan de manera absolutamente irracional, la inversión pública no contribuye al desarrollo económico, etcétera, etcétera… Pero, en vez de corregir el rumbo sirviéndonos de los contrapesos y equilibrios que proporciona un Estado fuerte vamos en sentido contrario: la 4T ha emprendido una verdadera faena de acoso y derribo institucional. Las consecuencias están a la vista: los niños con cáncer no tienen medicamentos, las madres trabajadoras se quedaron sin guarderías para sus pequeños, 18 millones de mexicanos dejaron de tener el Seguro Popular…
La gente, ¿no importa, no vale, no cuenta?
Román Revueltas Retes
