Pero, por Dios, ¿qué ha hecho esta mujer?
La arremetida del régimen de la 4T en contra de Xóchitl Gálvez es tan desproporcionada que ésta sería la primera pregunta que se haría cualquier observador externo.
Pues, lo único que está ocurriendo es que ella aspira a ser la candidata de la oposición en la carrera hacia la presidencia de la República. Eso es todo y nada más.
¿En qué momento el simple hecho de participar en una contienda democrática llevó a que un competidor mereciera los denuestos y ataques de quienes ejercen el poder? ¿Acaso no es perfectamente legítimo plantear un proyecto de gobierno alternativo siendo, además, que los problemas del país saltan a la vista?
El gran pretexto que esgrime el oficialismo para arrogarse la facultad de perseguir y difamar a una ciudadana de incuestionable honorabilidad es que se trata de una persona que no vendría meramente a ejercer las funciones que corresponden a un jefe de Estado y de Gobierno sino que su oscuro propósito es la restauración de un orden repudiable.
Con Xóchitl volverían los antiguos saqueadores, los corruptos del PRIAN, los enemigos del pueblo, los privilegiados, etcétera, etcétera (revisen ustedes los contenidos de la propaganda y los discursos que resuenan en el espacio público para completar por su cuenta el catálogo de infamantes vilipendios).
Respondiendo entonces a tan apocalíptica eventualidad, los corifeos al servicio del poder nos avisan, primeramente, que la riqueza personal de la más destacable y peleona de las figuras opositoras es obligadamente sospechosa en tanto hubiera ella “celebrado contratos”, algo injuriante para unas clases populares que sobrellevan las durezas de la existencia, justamente, sin haber concertado jamás transacciones beneficiosas; Xóchitl no sería tampoco enteramente india y, en lo que toca a esa identidad originaria que reclama, es totalmente incompatible con su actual condición de empresaria exitosa; y, sobre todo, no es una persona soberana, dueña de sus decisiones y propietaria exclusiva de sus logros, sino un títere de sujetos de la calaña de Claudio X. González y otros del mismo pelaje.
Han saltado algunos espontáneos al ruedo y, por ahí, un diputado ya entabló una denuncia –ante la Fiscalía del temible señor Gerz y la mentada Unidad de Inteligencia Financiera del comisario soviético Gómez— contra la senadora por “enriquecimiento ilícito” y “lavado de dinero”.
¿Se apresta la maquinaria del Estado a aniquilar legalmente a una mujer por ejercer sus derechos políticos y por ser un obstáculo a los designios de la 4T de perpetuarse al mando? ¿Es aceptable, en un país democrático, que desde el poder se emprenda parecida campaña de desprestigio?
Y, la más apremiante de las interrogaciones: ¿esas van a ser las reglas del juego en la competición electoral de 2024?