Las medidas impuestas por las autoridades sanitarias pueden tener un efecto verdaderamente devastador en la economía familiar. Imaginen ustedes meramente la situación de un mesero que, viviendo al día como tantísima gente en este país, se queda de la noche a la mañana sin las propinas que recibe de los comensales, es decir, prácticamente sin ingresos. ¿Qué le lleva entonces a su familia? ¿No llegará, muy pronto, el momento en que no tendrá dinero para hacer siquiera la compra del supermercado y darle de comer a sus hijos? ¿Dejará de pagar la renta o no podrá sufragar el pago de la hipoteca? ¿Cómo vive alguien una situación así, de fatal precariedad y de absoluta impotencia ante las circunstancias? ¿Qué niveles de angustia afronta una persona privada súbitamente de la elemental seguridad de poderse ganar la vida?
Millones de mexicanos laboran en el sector informal de la economía y no cuentan con otra cosa que el dinero que obtienen vendiendo tamales en el puesto de la esquina o comercializando toda suerte de chucherías en un mercado ambulante. Estamos hablando de personas que no reciben un salario fijo y que no cuentan con las más mínimas garantías sociales: ni servicios médicos, ni fondo de pensiones, ni seguro de desempleo… O sea, nada. Nada salvo ese dinerito obtenido trabajosamente cada día del Señor, yendo a comprar las mercaderías temprano por las mañanas, acarreando los abarrotes hasta el tenderete o cocinando las quesadillas en el anafre. De la misma manera, ni el plomero ni la terapeuta ni el masajista son personas con ingresos garantizados como tampoco los profesionistas independientes aunque uno pudiere suponer que estos últimos cuentan con la red de protección que resulta de que han podido ahorrar dinero a fin de mes durante varios años.
El problema mayor, sin embargo, es la práctica ausencia de un Estado verdadero en México, una realidad que se remonta hasta los orígenes mismos del anterior régimen priista: la cobertura sanitaria es clamorosamente insuficiente, inclusive en el caso de los trabajadores inscritos en los institutos de la seguridad social y, ahora mismo, los recortes presupuestales aplicados al sector de la salud —una nefaria combinación de austeridad mal entendida, subejercicio en el gasto de los recursos y declarada incompetencia gubernamental— han llevado a que falten medicamentos, materiales de curación, utensilios e instrumentos quirúrgicos en nuestros hospitales públicos. Nos encontramos así en el peor de los mundos, siendo que las disposiciones para prevenir la trasmisión de la pandemia son necesarísimas y perentorias de cualquier manera: tenemos a una población ancestralmente desamparada a la que, de pronto, se le cancelan los espacios y oportunidades para satisfacer sus necesidades más inmediatas.
La adversidad del desempleo masivo derivada del “cierre” de países enteros puede ser mitigada en el caso de aquellos que han edificado un sistema eficaz de protección social. Aquí, sin recursos para ayudas y sin una estructura estatal capaz de asistir a los ciudadanos desprotegidos, ¿qué vamos a hacer?
