Al individuo antisocial no se le pueden ya atribuir rasgos de humanidad. No sólo es totalmente indiferente al dolor de sus semejantes —no conoce la empatía— sino que esa insensibilidad es precisamente el factor que lo lleva a perpetrar las más escalofriantes atrocidades: quema viva a otra gente, tortura, participa en masacres, secuestra a niños o viola a mujeres sin el menor problema de conciencia.
La existencia de miles y miles de sujetos de esta catadura es una de las grandes interrogantes que afronta la sociedad de este país. ¿De dónde vienen? ¿Cómo fueron creados? ¿En qué medio se desarrollaron y qué experiencias familiares pudieron haber conformado parecidas personalidades? ¿Son el más siniestro reflejo de la crisis de valores morales que está padeciendo México? ¿Hay un número comparable de perfiles así en todos los países pero aquí operan abiertamente porque la impunidad reinante les asegura no recibir castigo?
En todo caso, no merecen benevolencia alguna ni mucho menos que la invocación oficialista de su condición humana los equipare, en el apartado de los derechos, a las personas de bien.
Los ciudadanos honrados son, encima, las primerísimas víctimas de estos sanguinarios canallas y la muy extraña benignidad del régimen de la 4T con la delincuencia no ha conducido a otra cosa que la indefensión de millones de mexicanos. Gente, con el permiso de nuestros clementísimos gobernantes, cuyos derechos deben de ser garantizados por encima de todas las cosas porque no habita una jungla salvaje sino una nación que pretende ser civilizada.
El combate a la delincuencia no es un concurso de poesía sino una empresa violenta y decidida en la cual el Estado puede ejercer su fuerza de manera perfectamente legítima, en aras de un interés superior, a saber, la seguridad de los pobladores de un territorio nacional.
Lo otro, la pasividad del aparato público ante un problema tan tremendo como los cotidianos asesinatos, las masacres, las extorsiones, los secuestros y las desapariciones vendría siendo, en sí mismo, un supremo delito en tanto que el pecado de omisión resulta en la muerte de miles y miles de nuestros compatriotas, por no hablar del enorme sufrimiento de sus seres cercanos.
¿No es tiempo ya de exigirles cuentas a gobernantes de tan equivocada generosidad?
