Abordamos algunos antecedentes la semana pasada sobre este tema, riqueza de nuestro estado, y comentamos que para su explotación la región carbonífera comparte el antecedente con la Laguna de haber sido receptoras de migrantes tanto nacionales como extranjeros que vieron en nuestra tierra la oportunidad de mejoría económica y social.
El carbón coahuilense desde 1882 alimentó las calderas de las máquinas de vapor que movían los ferrocarriles mexicanos y los del sur de los Estados Unidos y aportó el coke para la industria siderúrgica productora de acero en San Luis Potosí, Monterrey, Torreón y allende de la frontera norte, a donde iba a parar la mayoría de la producción de las minas que se multiplicaban en la región carbonífera, produciendo a principios del siglo pasado más de 2,5 millones de toneladas de carbón.
Otro rasgo que compartieron estas regiones tiene que ver con la explotación de los trabajadores, que aunque obtenían mejores salarios comparativamente con otras regiones del país, estaban sumidos en una gran miseria propiciada por el proteccionismo que el gobierno mexicano otorgaba a las compañías y capitales extranjeros, que no sólo no pagaban impuestos o si lo hacían era ridículo como por ejemplo los cinco centavos que pagaban por tonelada de carbón al municipio de Sabinas, sino que escatimaban beneficios a los trabajadores: medicina, seguros, aguinaldos, vivienda, etcétera. Era la política para atraer inversión extranjera tal y como ahora se han demeritado los derechos laborales de los obreros y trabajadores mexicanos.
Los riesgos laborales sin embargo no tienen comparación entre los agricultores y los mineros del carbón. Pronto los mineros descubrieron que el mayor riesgo para sus vidas no estaba en la tuberculosis que les ocasionaba el polvo del carbón sino en el letal grisú. Hace poco tiempo vivimos los coahuilenses la noticia de la explosión de Pasta de Conchos, la última de las tragedias que cobró más de medio centenar de vidas, pero la historia ha sido larga y penosa. A la fecha suman 1422 muertes, sólo víctimas directas de las explosiones, sin contar otras más por derrumbes, atropellos, u otros accidentes. En el fondo prácticamente las mismas causas, la falta de prevención de las empresas, la impunidad ante la complacencia de las autoridades mexicanas.
