Despenalizar el aborto a nivel federal por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), representa un logro para los derechos humanos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar.
Este derecho como muchos otros que tienen que ver con las mujeres, se han tenido que obtener “a punta de Sentencias”.
Hace unos días, la Corte nuevamente avanzó en nuestros derechos al determinar que ninguna persona puede ser castigada por abortar; que ningún personal de salud podrá ser castigado por practicar un aborto; y, que las instituciones de salud pública del país están obligadas a otorgar este servicio. Justo en ello su trascendencia.
Desde el 2013 en Puebla se ha impulsado este derecho desde o individual, organizaciones civiles, y el propio Poder Legislativo con la presentación de diversas iniciativas por parte de diputadas y diputados, sin embargo, ninguna ha avanzado.
Sentó precedente para todo el país el no criminalizar a las mujeres por interrumpir sus embarazos con efectos retroactivos. Las mujeres no deben pisar la cárcel por este motivo en todo el país desde el 2021.
Era necesario precisar también la no criminalización del personal de salud que lo practicaba y fundamentalmente que este servicio debe ser otorgado por todas las instituciones de salud pública, ya que ese era el pretexto para la negativa de proporcionarlo, la falta de disposición legal expresa.
Puebla ocupa el tercer lugar del país con más mujeres que acuden a la Ciudad de México a practicarse un aborto seguro en instituciones de salud, de manera que las poblanas una vez que concluya el procedimiento legislativo, ya no tendrán que trasladarse como lo han tenido que hacer 1,627 de ellas desde el 2007, año en que el Distrito Federal, despenalizó el aborto.
Junto con cuatro estados Puebla registra los mayores índices de mortalidad materna de acuerdo con la Secretaría de Salud federal, por lo que la Resolución también representa que las poblanas, si deciden interrumpir su embarazo, ya no tendrán que ir a lugares clandestinos, reduciendo el porcentaje de muertes maternas por hemorragias obstétricas o complicaciones en abortos clandestinos.
Un avance en el derecho a decidir de las mujeres, que pudo alcanzarse desde la vía jurisdiccional promovida por organizaciones civiles que han construido redes de acompañamiento como lo hace GIRE a nivel nacional, CAFIS, y Odesyr desde lo local, que lograron garantizar el acceso a abortos seguros mediante un Amparo.
Las Resoluciones jurídicas firmes, toca ahora al Congreso del estado de Puebla acatarlas y derogar los artículos del Código Penal que violentan derechos humanos de las mujeres.
