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Nueva Ley de Obras Públicas: ¿Esperanza o humo para contratistas?

En fechas recientes se presentó la iniciativa de reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de carácter federal. Esta iniciativa pretende renovar una normativa que ya tiene décadas de ser discutida y no modificada a pesar de contener varias áreas de oportunidad.

Una nota relevante es que la iniciativa carece de algunos elementos importantes que en diversos países latinoamericanos ya se observan para modernizar la contratación publica, tal como es el caso de la utilización de modelos de contratación internacionales y mecanismos de prevención y solución de controversias efectivos, a los que el gobierno mexicano (sin distinto de color) se ha opuesto sin razón alguna por décadas.

Sin perjuicio de lo anterior, es importante hacer notar que en el contexto actual de la contratación pública federal, desde el sexenio anterior, una gran cantidad de proyectos los ejecuta directamente la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sin entrar en el análisis de la conveniencia o no de que las fuerzas armadas participen, esto ha afectado dramáticamente al sector privado de la construcción, reduciendo significativamente el espacio de los constructores en las licitaciones públicas. Los contratistas se enfrentan a un panorama en el que la competencia se ha visto disminuida y los proyectos más relevantes quedan fuera de su alcance directo.

Las esperadas reformas claramente traen nuevos retos y beneficios a los posibles contratistas. Entre los aspectos positivos se encuentran la inclusión de una plataforma digital que busca optimizar la transparencia y eficiencia en los procesos de licitación. Esta herramienta permitirá a los contratistas acceder a información en tiempo real, presentar sus propuestas de manera más ágil y supervisar el desarrollo de los proyectos con mayor precisión. Además, la posibilidad de ofertas subsecuentes de descuentos incentivará la competencia y podría resultar en una reducción de los costos para el gobierno, beneficiando así el uso de los recursos públicos. La eliminación de algunas formalidades burocráticas también es un punto a favor, ya que simplificaría los procedimientos y reduciría los tiempos de espera para la adjudicación de contratos.

Sin embargo, si la política sigue siendo la misma, poco servirán las reformas que pretenden darle fuerza y dinamismo a la contratación pública de los proyectos que realmente requieren regulaciones robustas. Los contratistas seguirán enfrentando obstáculos significativos para acceder a las licitaciones más importantes, y la economía del sector de la construcción podría continuar estancada.

La implementación de estas reformas podría tener un impacto significativo en la economía del sector de la construcción. Si las modificaciones propuestas logran impulsar la participación de los contratistas en las licitaciones públicas, esto podría traducirse en una mayor dinamización de la economía, la creación de empleos y el crecimiento del sector.

En cambio, si las reformas no logran revertir la tendencia actual, es probable que el sector continúe enfrentando dificultades para recuperarse y alcanzar niveles de crecimiento sostenibles. La incertidumbre y la falta de oportunidades podrían desincentivar a los contratistas y afectar negativamente a la economía en general.

En conclusión, esta podría ser una señal de que la contratación pública regresará a los contratistas, para poder dinamizar la economía de la construcción que se encuentra tan rezagada. No obstante, es fundamental que las reformas se implementen de manera adecuada y se acompañen de medidas que garanticen una nueva cultura de contratación pública.

El éxito de estas reformas dependerá en gran medida de la voluntad política para abrir espacios a los contratistas y modular la intervención de las fuerzas armadas en los proyectos de obras públicas. Solo así se podrá aprovechar el potencial de las modificaciones propuestas y lograr un impacto positivo en la economía del sector de la construcción.

En última instancia, la esperanza de los contratistas radica en que estas reformas representen un verdadero cambio y no solo humo. La capacidad de adaptarse a los nuevos desafíos y aprovechar los beneficios que ofrecen será clave para que el sector de la construcción pueda prosperar y contribuir al desarrollo económico del país.


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Roberto Hernández Garcia
  • Roberto Hernández Garcia
  • Abogado experto en derecho de la construcción, especialista en dispute boards y arbitraje; director de COMAD S.C.
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