La semana pasada escribí sobre la auditoria que le hicieron a Jorge Hank Rhon, dueño de varios equipos de futbol y de hipódromos y casinos, y preguntaba si las maquinitas las incautaron empleados de la federación o del gobierno estatal.
Lo puedo afirmar con toda seguridad: fueron empleados del gobierno del estado de Baja California, concretamente del mandatario estatal, Jaime Bonilla, en contra de un candidato por un partido diferente al suyo.
Pero quizá el asunto más interesante es que desde hace dos años, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Familia y Asuntos Religiosos del Congreso de esa entidad, María Trinidad Vaca Chacón, presentó una iniciativa para reformar el artículo 156-8 de la Ley de Hacienda local, para crear un impuesto a las personas que apuestan en los casinos.
La iniciativa fue aprobada y el dinero recaudado (10 por ciento de todas las apuestas) serviría para apoyar Centros de Rehabilitación de personas enfermas de ludopatía. En Baja California hay 44 empresas de este tipo, por lo que se calcula que por el gravamen debían haberse reunido más de 100 millones de pesos en 2020.
El problema es que nadie sabe en dónde está el dinero; porque no existe ni se ha creado centro alguno para rehabilitar ludópatas y se desconoce el paradero de esos recursos. Dinero y elecciones son el juego.
Aros del Poder
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“El dinero del juegoestá en juego”
El filósofo del estadio
