Ninguna sorpresa resultó de los tan esperados anuncios dados a conocer el día de ayer por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, luego de los acuerdos adoptados por los actores que participan en la Mesa de Salud para hacer frente a la coyuntura en ocasión de la tercera ola de la pandemia que afecta actualmente a la entidad.
Esto es así por dos razones. La primera y más importante es que la llamada “mesa de salud” constituye una fórmula de gobernanza que ha resultado efectiva para la toma de decisiones con base en el sistema social de conocimiento disponible frente a los no pocos desafíos que ha supuesto la evolución que ha seguido la pandemia a lo largo de estos casi dos años.
La premisa teórica parte del supuesto de que el gobierno no dispone de todos los recursos (cognitivos, materiales y financieros), por lo que se apela al principio de corresponsabilidad entre el gobierno, los ciudadanos y los agentes económicos.
De las diversas medidas anunciadas, (mantenimiento de la estrategia de crecimiento económico con responsabilidad, reforzamiento del sistema de vigilancia epidemiológica, calendario escalonado para el regreso a la presencialidad en las escuelas conforme al nivel educativo de que se trate, reducción de aforos, así como suspensión de las fiestas patronales, ferias, peregrinaciones, entre otras actividades hasta el 12 de febrero), la novedad radica en la obligación de presentar un certificado de vacunación o, en su defecto, la presentación de la prueba negativa (que deberá pagar el interesado) para asistir a cualquier actividad de carácter recreativo (bares, antros, conciertos, salones de eventos, convenciones) o cualquier otro evento masivo en Jalisco.
Una segunda razón de la relativa efectividad de las estrategias radica en su naturaleza descentralizada.
La responsabilidad otorgada a los gobiernos municipales para hacer cumplir con las disposiciones anunciadas, particularmente en lo concerniente al cumplimiento de la obligación para presentar los certificados de vacunación o prueba negativa, descansa en la premisa del mayor conocimiento que dispone este orden de gobierno sobre las actividades que se desarrollan en su territorio.
