El relevo en la titularidad de la Fiscalía del Estado ocurrido en el transcurso de la semana pasada vino a opacar otros cambios en organismos con funciones públicas igualmente relevantes para la sociedad jalisciense, tal como el ocurrido en el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. En efecto, a partir del 1 de febrero el licenciado Jaime Eduardo Natera López asumió la presidencia del Consejo de Notarios que estará en funciones durante los siguientes tres años.
A diferencia de los cambios esperables y hasta deseables en la manera en que se ha venido desempeñando la Fiscalía del Estado, el relevo del licenciado Fernando Gallo Pérez en la presidencia del referido Colegio de Notarios fue bien recibida por la continuidad que se dará a los proyectos impulsados por el anterior Consejo de Notarios, particularmente en lo relativo con “la reinvención digital y social para dar seguridad a los usuarios” a la que se comprometió a dar seguimiento su actual presidente (Notivox JALISCO, 1 de febrero).
Con la prueba piloto de avisos notariales con la que se busca impulsar la digitalización de los servicios que ofrecen los notarios en Jalisco vino acompañada de una propuesta de ley que fue presentada al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, con el propósito de evitar prácticas ilegales a las que se enfrentan los notarios, tales como “la fracción sobre la falsificación de documentos y la suplantación de identidad” (Notivox JALISCO, 1 de febrero).
El acto de toma de protesta del nuevo Consejo de Notarios fue propicio también para dejar en claro la posición del Colegio de Notarios frente a lo que se considera una afectación al pacto federal y la vulneración de derechos por discriminación con motivo de edad.
El presidente entrante se refirió así a los contenidos de la modificación que se pretende hacer al artículo 121 de la Constitución Política mexicana, el cual reconoce la facultad de cada entidad federativa para dar “entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras”. Y reconoce que la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos será prescrita a través de leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión.
Roberto Arias
