Pasadas las efemérides del día de ayer con motivo de los 107 años de haber sido promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (esa cuyo texto aún continúa vigente en todo aquello que no ha sufrido modificación alguna a causa del voluntarismo sexenal en turno) y el 167 aniversario de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos (aquella que resultó de la Reforma liberal que logró imponerse en el año de 1857); en este año, los ciudadanos mexicanos estaremos conmemorando el próximo 4 de octubre los 200 años de la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos que terminó por asegurar en 1824 un régimen republicano y federal sobre aquel vasto territorio que aspiraba emerger a una vida independiente y que llegó a conformar la Nación mexicana.
Más nos valdría tomarnos el tiempo de reflexionar con seriedad para ponernos al día de lo que esta metamorfosis constitucional, que terminó perdiendo el apellido federal del mismísimo nombre que decidieron imponerle los padres fundadores de la Nación mexicana, para dimensionar en su justa medida, no únicamente las implicaciones políticas sobre el maltrecho equilibrio entre poderes públicos, por la eventual aprobación de las presuntas reformas constitucionales que son actualmente promovidas por el voluntarismo sexenal bajo el sello de la cuarta transformación; sino además, constatar la magnitud de las brechas que no han logrado cerrarse entre aquellas añejas aspiraciones y derechos consagrados por los textos constitucionales y la realidad cotidiana que vive hoy una gran mayoría de familias mexicanas.
Estoy cierto que la realización hoy en día de muchas de las aspiraciones y derechos constitucionalmente consagrados pasan por la vía de recuperar el talante federalista que llegaron a imaginar los hombres que conformaron la primera generación de republicanos en México (El Colegio de Jalisco, 2023). Sin mayores exabruptos y menos reflectores, desde Jalisco se está abriendo paso a la integridad como un valor público cardinal en las relaciones familiares, sociales, económicas y políticas desde donde es posible reconstituir la esencia, salud y vitalidad cívica del federalismo.
