La polémica causada por la eventual construcción del Centro Integral de Economía Circular, en el municipio de Tala, proyectado para funcionar como vertedero metropolitano en sustitución del vertedero Los Laureles, que, según se anunció, será cerrado definitivamente; constituye una magnífica oportunidad para repensar la competencia constitucional que tienen los municipios para prestar los servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición de residuos conforme a su propia naturaleza y que no es otra que la de un asunto público transterritorial que demanda urgentemente ser gobernado y gestionado en modo intergubernamental.
Si a las limitaciones institucionales le sumamos que el mayor factor de insatisfacción y molestia cívica que, de acuerdo con los resultados de la última Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida en el Área Metropolitana de Guadalajara levantada en 2020 por el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, precisamente lo representa el hecho “que las personas tiren basura en las banquetas, camellones, calles, jardines, plazas y carreteras”, encontraremos argumentos suficientes para repensar la basura en clave de gobernanza metropolitana.
Quizás si dejáramos de poner el acento en el principio constitucional del municipio libre y volviéramos la mirada sobre el concepto de “régimen interior” consagrado en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, podríamos imaginar una especie de “régimen interior metropolitano” que conformara las bases intermunicipales para elevar la capacidad de respuesta de los gobiernos municipales en abono a la calidad de los servicios de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición de residuos, al mismo tiempo que posibilitaría avanzar en una acción directiva de la sociedad que promoviera de manera más efectiva comportamientos cívicos respecto a la generación de basura que resulten más amables con nuestro medio ambiente.
Por supuesto que avanzar dicho régimen interior metropolitano para la basura debe comenzar por una evaluación por parte de las autoridades municipales de los esquemas de gestión en sus respectivos territorios, ¿es mucho pedir?
