Del futuro 2022 proviene una fotografía apocalíptica: siete altos funcionarios del Estado mexicano habrían sido detenidos y presentados por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ante un juez federal.
Acusados de haber cometido varios delitos graves habrían sido privados de su libertad el presidente del INE, Lorenzo Córdova; cinco consejeros (Ciro Murayama, Dania Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y Beatriz Zavala) y el secretario ejecutivo de esta misma institución, Edmundo Jacobo.
La imagen del arresto habría sido publicada en la primera plana de los diarios de México y también en algunos de los medios más importantes del mundo.
La prensa internacional habría comparado este episodio mexicano con la purga que hizo Recep Tayyip Erdogán en 2016 cuando detuvo y procesó injustamente a más de 400 jueces y fiscales de su país.
Aquel otro evento confirmó el carácter autoritario del régimen turco, condenado desde entonces por muchos estados democráticos.
La sola hipótesis de este posible desacierto mexicano obliga a regresar el reloj en el tiempo para conjurar el desastre: si el fiscal Gertz llegase a detener a las personas mencionadas, nada podría impedir el descrédito de la FGR y, sobre todo, el oprobio sufrido por el régimen encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
No solo se estaría jugando con fuego, se habría incendiado la pradera. No hay un solo argumento que permita tipificar como abuso de autoridad o coalición de servidores públicos la emisión de los votos que avalaron el acuerdo del INE donde se propuso posponer la fecha de la realización para la eventual revocación de mandato.
La adhesión de consejeras y consejeros con este instrumento, aunque controversial, no coincide con ninguno de los supuestos previstos por el Código Penal Federal.
Zoom: el acuerdo del INE para aplazar la revocación ha sido ya suspendido por la SCJN, por tanto, la denuncia presentada por la Cámara de Diputados se ha quedado momentáneamente sin materia. Si, en etapas posteriores del litigio, la misma Corte o el Tribunal Electoral otorgaran razón a los consejeros, entonces no habría materia para decir que hubo abuso de autoridad, mucho menos coalición de funcionarios públicos.
@ricardomraphael
