Es inconstitucional la existencia de un órgano secreto dedicado al espionaje de civiles. Una instancia así solamente puede concebirse en un Estado autoritario gobernado por militares.
Ahora nos enteramos de que en México existe una dependencia, pagada con nuestros impuestos, pero escondida del ojo público, que responde al nombre de Centro Militar de Inteligencia (CMI).
De acuerdo con documentos oficiales, se trata de una estructura que operaría para “obtener información sensible sobre temas que sean de interés del Alto Mando”. Así de vaga, genérica, pueril y peligrosa es su misión.
Se hizo pública la existencia del CMI gracias a información obtenida por el colectivo internacional Guacamaya y también al análisis presentado por la investigación Ejército Espía, divulgada en octubre del año pasado por Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso.
Al parecer el CMI depende del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y proporciona servicios para el Sistema de Inteligencia Militar responsable de coordinar un conjunto de actividades relacionadas con la estrategia de combate al narcotráfico encabezada por el gobierno de la Cuarta Transformación.
Sin embargo, el CMI no aparece en el organigrama de la Sedena, al menos no con ese nombre y, a pesar de que investiga actividades de personas civiles, no rinde cuentas ante el Congreso o alguna otra instancia civil.
Existe también evidencia de que el CMI obtiene información a través de programas malignos como Pegasus y que espía a defensores de derechos humanos y periodistas.
La supuesta lucha contra el crimen organizado ha servido no solo para militarizar actividades que antes se hacían desde el gobierno civil, sino también para crear organismos invisibles para el escrutinio público, desde los cuales se designa arbitrariamente como objetivos de espionaje a personas sin ninguna justificación y, peor aún, sin necesitar una orden judicial, tal como establece la Constitución.
Zoom: el CMI espió con Pegasus a Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Lo hizo de la misma manera como se hacía en las peores épocas de la guerra sucia. Es del todo probable que su caso sea uno entre cientos. Tocaría al Congreso investigar y controlar las actividades que están ocurriendo a sus espaldas.
Ricardo Raphael@ricardomraphael
