Política

Para ellas, ni derecho ni justicia ni nada

José Luis Alomía, secretario de Salud de Sonora, no atendió las peticiones de las presas. ARIANA PÉREZ
José Luis Alomía, secretario de Salud de Sonora, no atendió las peticiones de las presas. ARIANA PÉREZ

“Yo tengo un problema con mi pierna, ya que recibí un balazo. Hace días me salía como pus y no podía caminar. Ocupo atención y el doctor nada más me dice que mañana y que mañana y la verdad tengo mucho con este dolor”.

Verónica escribió estas líneas en septiembre pasado, desde el penal estatal de Cajeme, en Sonora. Su carta acompañó a otras varias que fueron dirigidas al secretario de Salud de esa entidad, José Luis Alomía Zegarra.

Activistas sociales convencieron a las reclusas para que redactaran, con su orgullosa ortografía, una carta para ese funcionario. 36 mujeres privadas de la libertad se convencieron de que nada podía ser peor en comparación con una respuesta negativa.

“Duré como cuatro meses sin que reglara y después me bajó y duré como dos meses reglando y fui a que me atendieran y nomás me dieron ácido fólico pues porque ya estaba muy débil, hasta me desmayé. Y me volvieron a dar lo mismo, pero no se me quitaba, me ponía pañal. Dijeron que me iba a venir a ver una ginecóloga, pero sigo esperando”.

“Tengo una hija en este lugar. Padece un problema en el corazón. Aquí en el centro no le han hecho caso a su problema. Solo le dan medicamentos cuando tiene una crisis”.

“Yo tengo insuficiencia renal. Me hice unos estudios y no he obtenido el medicamento. Ya voy para siete meses con esta enfermedad y nadie me ha vuelto

a checar”.

“Me detectaron sífilis, me hicieron unos estudios, pero no me dieron los resultados. Me duele el vientre, pero me cierran la puerta porque no está el doctor”.

“Me atendió el médico por una herida de bala y tuve un accidente y me golpié en la pierna, donde tengo la herida, y en vez de darme medicamento el doctor me dio pastillas para dormir”.

Estas cartas partieron del penal el 10 de agosto de 2022 y tres semanas después recibieron respuesta: el secretario Alomía atendería sus demandas.

Se celebró una reunión en la que se tomaron varios acuerdos. Entre ellos que ese centro penitenciario no iba a continuar suministrando medicamentos caducos, que habría insulina para las mujeres con diabetes, que la prisión iba a contar, por primera vez, con una enfermería, y también que el gobierno enviaría una ginecóloga.

Transcurrió un mes más antes de que sobreviniera lo peor. Una noche fueron sacadas de sus celdas nueve de las mujeres que habían enviado los testimonios al secretario de Salud. Cuando sus familiares fueron a visitarlas, nadie pudo darles razón de

su paradero.

La oscuridad y el vacío de imaginar a la madre, la hermana o la hija en condición de persona desaparecida hicieron que aquellas familias acudieran a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Setenta y dos horas después tuvieron noticia: las habían llevado al estado de Morelos, a un penal federal, el Cefereso 16. Nadie pudo, sin embargo, dar una explicación coherente sobre aquel traslado. Solamente dos de las nueve reaparecidas cometieron, según la autoridad, un delito federal. ¿Por qué mudaron al resto? ¿Y por qué no trasladaron a otras acusadas por crímenes más graves, pero que no firmaron la carta dirigida al tal Alomía?

Gracias a la intervención de la CNDH una de esas mujeres logró enviar una nueva carta, esta vez dirigida a su familia:

“Desde que llegué llevo encerrada en un cuarto de dos por dos. Solamente me sacan 10 minutos al día para bañarme. Estoy aislada. No hablo con nadie. Me río sola porque no puedo llorar. Tengo bloqueada mi mente al dolor y la tristeza. Cuando comienzan a sonar los ruidos, hacia las 2:30 de la mañana, imagino que platico con ustedes. No se preocupen, tengo mucha fuerza para aguantar, ya me di cuenta. Los quiero mucho. Les mando abrazos. Y si yo aguanto, con más ganas ustedes deben aguantar”.

Otra de las reclusas de Cajeme narra que, durante el viaje, fue agredida. La Guardia Nacional las llevó primero a Hermosillo y luego, por tierra, les condujo hacia el sur. Al llegar al Cefereso 16, durante la revisión médica, se corroboró que su cuerpo albergaba signos de tortura. Ella tampoco llevaba dinero y cuando dijo que no podía pagar igual la incomunicaron.

No por ser federal el centro penitenciario femenil de Morelos tiene mejores servicios. Se trata de una cárcel privada que desangra a la hacienda pública y no da nada a cambio. En el Cefereso 16 habitan mil 157 mujeres que tampoco cuentan con servicio médico de emergencia, ni medicamentos. Ahí, si quieres beber agua potable, hay que pagar por ella y si tu familia vive a mil 634 kilómetros de distancia, no tiene recursos y no sabe dónde estás, “te quedas jodida y encerrada”.

La única explicación para ese castigo fueron aquellas quejas, en apariencia, tan justas. De haber sabido, ni el sangrado, ni la bala, ni la afección cardiaca, ni la falla renal habrían cobrado tanta importancia.

Tres días después de que las nueve reclusas de Cajeme llegaran al Cefereso 16 comenzaron a caer desmayadas decenas de sus vecinas. Víctima de una intoxicación cuya causa aún se desconoce, un número aproximado de 400 mujeres expulsaron lo que había en su estómago, sufrieron calambres inolvidables y tuvieron fiebre. Algunas, ciertamente, escucharon de cerca los pasos de la muerte.

La paradoja no pudo esconderse. Las sonorenses habían sido mudadas desde una cárcel insalubre a otra peor de insalubre. Y ahí tampoco había quién las atendiera. Ante la emergencia no hubo autoridad que ordenara trasladar a las más enfermas a un hospital.

Mientras todo esto ocurría, el mundo exterior estaba ocupado en otros temas. Lo que ocurre en las cárceles mexicanas se queda en las cárceles mexicanas. Sentenciadas o no, esas mujeres —como el resto de las personas privadas de la libertad del país— son escoria social; basura que se merece todo cuanto le pasa.

A pesar de tanto, lograron sobrevivir y las nueve continúan escribiendo.

Durante algunos meses se interesó en ellas la defensoría de oficio federal. En esa oficina les prometieron que iban a echarles la mano para regresarlas a Cajeme, cerca de sus familias. Pero hace un par de días, cuando alguna quiso comunicarse con el abogado que les atendía, el licenciado Diego Tovar, ella recibió otra bofetada. La asistente que tomó la llamada dijo que la persona a la que buscaba no trabaja más en esa oficina. Recién le exigieron la renuncia…

Ricardo Raphael

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Ricardo Raphael
  • Ricardo Raphael
  • Es columnista en el Notivox Diario, y otros medios nacionales e internacionales, Es autor, entre otros textos, de la novela Hijo de la Guerra, de los ensayos La institución ciudadana y Mirreynato, de la biografía periodística Los Socios de Elba Esther, de la crónica de viaje El Otro México y del manual de investigación Periodismo Urgente. / Escribe todos los lunes, jueves y sábado su columna Política zoom
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