¿Cuál es el número de recetas emitidas por el IMSS que no pudieron surtirse durante el primer semestre de este año? ¿Qué regulaciones expidió el Instituto Nacional de Migración durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuáles son las principales redes de transmisión con que cuenta la Comisión Federal de Electricidad?
Estas son solo algunas de las solicitudes de información que deben ser atendidas por Transparencia para el Pueblo, el organismo que sustituyó al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
De un total de 2 mil 253 recursos pendientes de revisión presentados hasta el mes de junio de este año, el nuevo organismo ha resuelto 457. De ese número, 99.6 por ciento recibió una respuesta negativa a la solicitud realizada por la ciudadanía.
Transparencia para el Pueblo no es un órgano autónomo del poder sino subordinado a éste. No debe por tanto sorprender que haya nacido para velar por los intereses políticos del gobierno y no para atender las solicitudes de información de la gente.
Antes el INAI no tenía que rendirle cuentas a la Presidencia de la República ni a la Secretaría de la Defensa o a la de Bienestar: se debía a las personas solicitantes y a nadie más.
La nueva dependencia, en cambio, ha dejado de ser una ventana para convertirse en un muro. En vez de obligar al gobierno a que haga pública aquella información que interesa al público, su tarea será justificar por qué no va a proporcionarla.
Dicen los nuevos titulares de Transparencia para el Pueblo que negaron la casi totalidad de esos 457 recursos porque no cumplieron con los requisitos supuestamente fijados por la ley.
Sin embargo, tal cosa es un pretexto. En el pasado, el INAI estaba facultado para suplir los faltantes que tuvieran las solicitudes, o lo que se conoce como el principio de la suplencia de la queja. En sentido inverso, ahora Transparencia para el Pueblo se está agarrando del más mínimo detalle para desechar los recursos y con ello evitar que se entregue información.
Esto es lo que sucede cuando las instituciones se degradan, como sucedió cuando desmantelaron el INAI. El resultado neto es una degradación proporcional de los derechos ciudadanos, en este caso el del acceso a la información pública.
Zoom: Transparencia para el Pueblo es un organismo que carga en su nombre dos mentiras: no es transparente ni es para el pueblo. Más bien merecería ser bautizado como Opacidad para el Gobierno.
