Otro expediente pesado va a caer ruidosamente sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La mayoría que tiene el partido Morena asegura la aprobación de la iniciativa preferente enviada por Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de la Industria Eléctrica. La oposición no cuenta con capacidad para frenarla en el Congreso de la Unión, pero esas fuerzas políticas sí reúnen los requisitos para llevar ante la Corte una acción de inconstitucionalidad.
Cinco son los artículos de la Carta Magna que pueden verse violados por la iniciativa presidencial.
La ley propuesta impediría la inversión privada y, sin embargo, el artículo 27 no establece la generación de energía eléctrica como actividad exclusiva del Estado.
El artículo 25 define a la economía mexicana como mixta, principio que sería lesionado al verse desprotegida la inversión privada en generación eléctrica.
El artículo 28 ordena al Estado mexicano garantizar la libertad de concurrencia y el acceso a la red de trasmisión, así como la competencia justa entre los generadores —incluidos los privados. Con la nueva iniciativa este mandato también se vería afectado.
El artículo 4 defiende el derecho a la salud y al medio ambiente. Ambos valores podrían verse desestimados, ya que la iniciativa otorga preferencia a las energías sucias (combustóleo y el diésel) sobre las energías limpias (viento, sol o gas natural).
El artículo 133 establece como norma constitucional los tratados internacionales firmados por México, por ejemplo, los relacionados con la protección recíproca de la inversión privada. También se incluyen los tratados de libre comercio como el TPP, el T-MEC y muchos otros establecidos por México con Latinoamérica, Asia y Europa. La iniciativa presidencial corre en sentido inverso al propósito de prácticamente todos estos instrumentos internacionales.
La SCJN ha salido bien librada de otros desafíos, pero no se ve que esta vez vaya a ocurrir lo mismo: aquí, o bien protege a la Constitución, o bien a la cuarta transformación.
Zoom: las decisiones de las y los ministros, relativas a esta ley, serán revisadas con posterioridad por instancias arbitrales y jurisdiccionales extranjeras. El margen de maniobra para la interpretación constitucional es, por tanto, bastante angosto.
@ricardomraphael
