En el tomo 221 del expediente de investigación elaborado por la antigua Procuraduría General de la República sobre la masacre de las fosas de San Fernando aparecen mencionadas, como presuntas criminales, tres mujeres dedicadas a conseguir verdad y justicia para las víctimas.
Marcela Turati (periodista), Ana Lorena Delgadillo (abogada) y Mercedes Doretti (antropóloga forense) fueron investigadas como se investiga a los peores enemigos de la sociedad.
Si no fuera porque ellas cuentan con una carrera profesional notable y también notoria, jamás se habría vuelto público el atropello.
Su caso lamentablemente no es una excepción. Con frecuencia en México la investigación por delincuencia organizada ha sido un arma utilizada en contra de quienes denuncian ilícitos cometidos por el Ministerio Público federal.
Es grande el número de personas que, sin merecerlo en modo alguno, terminan sufriendo en carne propia el derecho penal del enemigo.
Esto es posible porque en un sistema de justicia como el mexicano las personas no son tratadas con igualdad. Existe un doble rasero, el cual, en principio, está diseñado para respetar las garantías legales de algunos, pero restringe derechos humanos a quien supuestamente viola con gravedad las leyes.
¿Por qué Turati, Delgadillo y Doretti fueron consideradas como enemigas de la sociedad? ¿Qué argumentos tuvo el fiscal que ordenó investigar sus datos personales, llamadas telefónicas o su red de contactos? ¿Con qué criterios se les consideró como delincuentes que pertenecían a una organización dedicada a la comisión de actos criminales?
La mayoría de los funcionarios que integraron las actuaciones referenciadas en el tomo 221 en contra de estas tres mujeres continúa laborando hoy en la Fiscalía General de la República y, cabe temer, sigue prestándose para tratar como enemigo de la sociedad a quien se atreva a desafiar sus intereses.
Zoom: los peores monstruos de la injusticia ocurren cuando la política criminal se subordina a la Política con mayúsculas, y la persecución del crimen organizado justifica y sirve para organizar delictivamente a los funcionarios en contra de la ciudadanía.
@ricardomraphael
