¿Tenían los deudos de Carlos Márquez Padilla derecho a las prestaciones que Pemex otorgaba en 2004 a sus trabajadores fallecidos? Esta es la pregunta que importa.
El actual director de esa dependencia, Octavio Romero Oropeza, acusa a los dos hijos y a la esposa de haber defraudado a la paraestatal.
Si la pareja de Márquez Padilla no hubiera sido María Amparo Casar, directora de Mexicanos contra la Corrupción, Romero Oropeza jamás habría presentado este caso en la conferencia mañanera. El funcionario afirmó tal cosa sin ambigüedades, a pesar de que al hacerlo incurrió en varias violaciones serias a la ley de protección de datos personales.
Romero refirió que los deudos de Carlos Márquez no tenían derecho, ya que este ex funcionario decidió quitarse la vida el jueves 7 de octubre de 2004. Según su interpretación, de haber cometido suicidio no habrían podido tramitarse el seguro de vida, la pensión de viudez y los apoyos escolares previstos entonces, de manera legal, por el reglamento que regulaba al personal de confianza.
La gravedad de esta acusación enderezada por el actual director de Pemex radica en que no entrega evidencia solvente de que se haya tratado de un suicidio. En un principio la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal investigó el asunto para despejar la posibilidad de un asesinato. Al no encontrar pruebas al respecto, procedió a cerrar el caso como accidente.
Fue clave para ello la declaración de Octavio Aguilar, quien entonces era el director de administración de Pemex y jefe directo de Carlos Márquez. Él precisó que su subordinado tenía por mal hábito asomarse a fumar en el borde de la ventana de su oficina, por lo que era dable presumir que aquel jueves pudo haber perdido el equilibrio proyectando su cuerpo hacia el vacío.
En cualquier caso, desde el exterior ningún testigo fue capaz de afirmar con certeza que Carlos Márquez hubiese saltado por su propia voluntad y tampoco hubo personal dentro del edificio que pudiera sostener esa hipótesis.
Zoom: 20 años después, Romero Oropeza, tergiversando las diligencias que entonces produjo el Ministerio Público, y sin exhibir un solo documento —distinto a los generados con dolo por su administración—, se atreve a presentar el suicidio como causa de muerte. No contento con la cruel herida que abre de nuevo contra la familia del occiso, ordenó que se investigue por fraude a sus deudos.
