Defendió mi colega Carlos Marín en estas páginas el día de ayer a los mandos militares que obtuvieron y luego escondieron ilegalmente información clave para la investigación del caso Ayotzinapa.
Narra que una fuente (muy avezada) hizo notar que las conversaciones entre Francisco Salgado y Gildardo López Astudillo, jefe policial en Iguala y líder de Guerreros Unidos en 2014, no fueron interceptadas mediante escuchas telefónicas, sino obtenidas de la memoria de un dispositivo celular.
Comoquiera, la ilegalidad se sostiene porque para extraer el material contenido en ese dispositivo debió mediar la orden de un juez federal y ésta, según el expediente, jamás se emitió.
Afirma Marín que hubo, cuando menos, responsabilidad administrativa por no entregar al Ministerio Público dicha evidencia. El asunto rebasa el ámbito administrativo. Según el artículo 225 del Código Penal Federal, comete delito de obstrucción de justicia quien de forma dolosa atente contra el correcto desarrollo de la administración de justicia. También incurre en esta conducta criminal quien no cumpla con una disposición legal comunicada por su superior competente.
No incurrió en un pecado venial, sino una falta penal muy grave, el mando militar que se negó —durante siete largos años— a entregar al Ministerio Público esta pieza clave de evidencia y que luego desobedeció la orden del Presidente de la República para que el Ejército aportara todo cuanto tuviera del caso Ayotzinapa.
Finalmente, asegura Marín, que nuevas búsquedas en Pueblo Viejo no servirán para dar con el paradero de los estudiantes, porque en su día ahí se realizaron diligencias exhaustivas que descartaron el sitio.
Falso: apenas comenzaban las pesquisas en Pueblo Viejo cuando irrumpió la versión mentirosa del basurero de Cocula. En consecuencia, se abandonó la búsqueda en la primera coordenada para perseguir un esfuerzo inútil, a varios kilómetros de distancia, que desvió fatalmente las investigaciones.
Zoom: Las conversaciones entre Salgado y López Astudillo meten en aprietos serios al mando militar que operaba en Guerrero en septiembre de 2014. Después de la evidencia publicada no hay abogado, bisoño o no, que pueda lavar la cara de estos responsables.
@ricardomraphael
