El próximo 16 de agosto inician en Washington las negociaciones para “modernizar” el TLCAN. Tanto el gobierno mexicano como el estadunidense están presionados por los tiempos políticos.
Les urge tener un acuerdo antes de las próximas elecciones presidenciales en México y de las votaciones de medio término en Estados Unidos. En uno y otro paises, la correlación de fuerzas políticas y legislativas podría cambiar y complicar la negociación.
Debemos estar muy atentos a lo que nuestro gobierno firme y acepte como letra chiquita. Si la negociación se va a conducir con la pasividad, permisividad y subordinación que hasta ahora ha predominado en la relación bilateral (cuyo espíritu se reflejó en la llamada entre ambos mandatarios que filtró recientemente The Washington Post), nada bueno habrá que esperar de esa renegociación.
El gobierno estadunidense tiene claro lo que quiere obtener: reducir el déficit de su balanza comercial; llevar a Estados Unidos el mayor número de inversión extranjera directa que tenga planeado instalarse en México (como ya está ocurriendo con las empresas automotrices estadunidenses y japonesas); eliminar las barreras no arancelarias que aún existen para sus productos agropecuarios; garantizar el abasto energético hacia Estados Unidos, con el mayor número de empresas petroleras, gaseras y de energía eléctrica norteamericanas que se puedan instalar en México; e iniciar demandas directas contra empresas mexicanas por subsidios y dumping sin acudir a los mecanismos de arbitraje internacionales, entre otros planteamientos.
La primera impresión de las agendas de prioridades de ambos gobiernos es que el gobierno estadunidense no quiere negociar sino salirse del TLCAN, y en su lugar establecer un proteccionismo comercial a ultranza.
Se podrá afirmar que el estilo agresivo de negociación de la administración Trump es solo una pose, una estrategia clásica del mundo empresarial estadunidense, donde empiezas pidiendo 10 para sacarle a tu contraparte la mitad de las pretensiones. Sin embargo, en el caso mexicano, por los antecedentes de condescendencia y sumisión que se han manifestado desde la primera visita de Trump a México, es muy probable que a la petición de 10 puntos el gobierno mexicano termine entregando 20.
Se trata de renegociar un tratado de libre comercio, no de pactar la entrega o venta del país. Ese es el parámetro con el que debemos evaluar lo que se empiece a negociar en los próximos días.
Hasta ahora el balance de 23 años del TLCAN ha sido poco favorable a México. La emigración laboral que supuestamente se detendría terminó duplicándose. La brecha salarial que presuntamente se equilibraría entre ambos países se convirtió en un abismo. El país se volvió más vulnerable a las crisis económicas internacionales y el PIB que alcanzaría crecimientos similares a los de California o Illinois nos ubicó en niveles de naciones del Africa subsahariana, con su secuela de desigualdad, violencia y corrupción.
Hay modelos econométricos que establecen que los 7 millones de empleos directos que dependen del TLCAN en México se hubiesen duplicado con una política combinada de apertura en ciertas áreas y protección en otras.
Seguramente el TLCAN no es responsable único de esta regresión, pero lo que sí está claro es que agudizó la desigualdad social, a tal grado que hoy estamos más cerca del grupo de los Estados fallidos que del club de potencias económicas.
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