El primero de marzo de 2021 el Congreso de Quintana Roo anunció que comenzaría a utilizar tecnología Blockchain para protegerse de riesgos en la modificación o destrucción de iniciativas, dictámenes y decretos. El objetivo era sencillo: contribuir en la transparencia. No obstante, poco más de medio año después, representantes de dicho recinto anunciaron que dejarán de utilizar esa tecnología, pues se trata de un gasto cercano a los 60 millones de pesos y que ha servido para atender solamente tres iniciativas; un monto equivalente a dos terceras partes de su presupuesto para ayuda social. Además, se ha criticado que su acceso es limitado, los recursos humanos no están capacitados y la información pública del Congreso es desactualizada, lo cual en su conjunto hacen inoperante dicha solución Blockchain. En fin, parece que ante una mala decisión el remedio salió peor que la enfermedad.
La historia sería diferente si esa tecnología se hubiera utilizado no para algo tan obvio como una iniciativa de ley, sino para un tiro de precisión tecnológico como evitar discrecionalidad y opacidad del presupuesto legislativo y rendir cuentas de todas sus contrataciones públicas, incluida la de ese mismo Blockchain; del gasto en ayuda social; o ya de menos, del famoso capítulo 3000 que sirve (o debería) para gastos de arrendamiento, mantenimiento, servicios financieros, viajes, comunicación social, y servicios profesionales, pero que nunca se sabe cómo se utiliza.
Ahora, si no gusta ese tiro de precisión, hay más opciones para la entidad. Por ejemplo, piénsese desde el ejecutivo local en el contexto que todas las empresas de la entidad enfrentan para cumplir con obligaciones regulatorias. Lo costoso que resulta mantenerse al día sobre las reglas que se deben cumplir y que no todos los particulares tienen la capacidad de dinero y tiempo para saber, entender y cumplir con miles de regulaciones ligadas a su actividad económica.
Una posible solución que aproveche esa tecnología Blockchain, mal utilizada por el congreso, sería una herramienta que permita realizar todos los trámites y servicios sin tener que ir a la ventanilla, así como acceder a una regulación actualizada para todos los sectores. Dadas sus características de inviolabilidad y protección de información, se contribuiría en informar y brindar certidumbre jurídica sin una intensa carga burocrática y normativa; se cerraría la brecha de información entre ciudadanos y autoridades para permitir la creación, desarrollo y continuidad de empresas y negocios, reduciendo espacios a la discrecionalidad, corrupción, informalidad, bajo crecimiento económico y menor creación de negocios y empleos en el estado. Que no se desaproveche la oportunidad de estas soluciones si realmente se quieren hacer las cosas. Urge que alguien ponga el ejemplo.
Ricardo Corona
ricardo.corona@koalsulting.com
