Hace un par de semanas, el personal de vigilancia de un supermercado del poniente de la ciudad detuvo a Mario, un señor desempleado de 67 años por, aparentemente, robar un panqué y un refresco. Mientras que, en otro supermercado del sur, Marijo de 45 años, una empleada de un despacho contable, fue detenida por no pagar un paquete de clavos y un pequeño desodorante. Mario no opuso resistencia y expresó la necesidad de comer algo, pero Marijo sacó un recibo que comprobaba el pago de todo lo demás que traía en sus bolsas, no así de lo aparentemente robado. Trató de explicar que seguramente se quedó entre sus bolsas de súper que traía en el carrito, pero que no era su intención cometer un delito y que en ese momento pagaría esa mercancía, que podían revisar las cámaras, que no la trataran como una fardera (personas que roban mercancía escondiéndola entre su ropa).
Mario ya no pudo ir a su trabajo y a Marijo no la dejaron llegar a su camioneta. En ambos casos se llamó a una policía que, inusitadamente, llegó a los pocos minutos a subirlos a una patrulla y presentarlos ante el Ministerio Público (MP). Ya en el MP, los representantes legales de ambas tiendas llegaron a presentar sus respectivas denuncias con un par de empleados que declararían como testigos; esto para activar el plazo de 24 horas que tiene el MP para armar los expedientes y determinar la situación legal de Mario y Marijo. Aunque por lo mientras se quedarían detenidos, además de que se les dijo que en sus casos serían trasladados al reclusorio para que la autoridad judicial determinara si quedan o no libres. Mario no pudo pagar un abogado y lo del defensor nunca lo entendió, pero terminó más de medio año en el reclusorio. Marijo llamó inmediatamente a su abogado y pudo lograr un arreglo de reparación del daño para terminar con la confusión. Ambos vivieron en carne propia una justicia a rajatabla originada en el súper.
Más allá de las discusiones que pueda detonar el monto de lo robado o cualquier otra circunstancia, ambos casos reflejan la estrategia de incentivos que aplican los supermercados para contener un delito que, anualmente, merma en miles de millones de pesos. Y es que tan solo en 2020 el 26% de los más de 36,000 empresarios socios del COPARMEX mencionaron ser víctima de robo hormiga. Sin embargo, cuando el incentivo es la finalidad y no la justicia, policías, ministerios públicos o jueces que actúen con una rapidez y contundencia que ya quisiera cualquier persona que por propio pie se presente a denunciar el robo de su auto, una violación o cualquier otro delito, seguirán siendo una tautología de la injusticia.
Ricardo Corona
