En muchas ocasiones el uso de las palabras carece de la importancia que merece. Algo que toma mayor relevancia cuando se trata de quienes toman decisiones públicas que pueden generar consecuencias como, por citar una, polarizar diariamente a la ciudadanía. Por ejemplo, “abierto” es una palabra que durante la última década cobró relevancia como adjetivo vinculado al quehacer gubernamental. O “chocolate”, para expresar que algo no es en serio.
En 2011, México fue uno de los países fundadores de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Una iniciativa multilateral creada para mejorar las condiciones de gobernanza en los países, con base en los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y aprovechamiento de la tecnología, a partir de la definición de compromisos puntuales, cumplibles y monitoreables vinculados, por ejemplo, con agendas de gasto público o medio ambiente. A partir de la AGA, la palabra “abierto” se extendió a diversas áreas que categóricamente deberían respetar los principios y elaboración de compromisos. Estado Abierto, Municipio Abierto, Infraestructura Abierta, Obra Pública Abierta, Justicia Abierta o el protagonista de la discusión actual: Parlamento Abierto, para la reforma eléctrica.
Si se atendiera con la importancia que merece el significado de Parlamento Abierto, dados los antecedentes del adjetivo, México estaría esperando como resultado de esas sesiones, compromisos puntuales (cumplibles y monitoreables) que sean definidos a partir de la participación horizontal de representantes públicos y privados sin exclusión alguna, de compromisos públicos transparentes y con rendición de cuentas en los que, por ejemplo, se hable de aprovechar energías amigables con el medio ambiente, mitigación de efectos del cambio climático, condiciones de competencia o abandono de energías fósiles; y ya de paso complementar con transparentar (en serio) el gasto de las comisiones, o ese famoso capítulo 3000 de donde muchas veces sale dinero para asesorías que los votantes no tienen idea qué son y para qué sirven, las famosas remodelaciones y compra de materiales y equipo, el analítico salarial que permita entender por qué algunos empleados han llegado a hacer paros laborales con motivo del pago de sus sueldos. En fin, si no se cumple con esos requisitos que ha heredado la AGA, parece que México está ante un Parlamento Abierto de “chocolate” lejano a los principios y compromisos que deberían regirlo, pero cercano a un foro más de discusiones con estériles reproches en donde suena más el eco de palabras como “personeros”, “saqueadores” o “privilegios” para una agenda cuyas decisiones quizá ya fueron tomadas.
Ricardo Corona
