Hace unos años, tras la famosa época de la renovación moral mexicana de 1982, se comenzó a voltear hacia la evaluación del desempeño del servicio público mexicano. Esto dio una lección que hoy merece la pena traer a colación. Se comenzó a medir el trabajo realizado por el servicio público para determinar su desempeño; por ejemplo, a partir de cuántos expedientes o trámites se atendían, en cuánto tiempo, a cuántas personas se les daba atención y respuesta, etc. Además, se aplicaban cuestionarios en los que, palabras más, palabras menos, se pedía responder con qué calidad las personas hacían su trabajo y en los que la respuesta generalizada difícilmente estaría lejos de la excelencia.
Una vez obtenida toda esa información se sistematizaba y se presentaba en informes oficiales con gráficas y análisis de datos; sin embargo, cuando se comenzó a analizar a detalle el origen de esa información, el reto fue mayúsculo: no tenía la capacidad de explicar ni dar sustento a los mensajes que se pretendían dar (buen desempeño), sino que más bien parecían números para cumplir la obligación de presentar reportes al amparo de mentiras institucionalizadas. Al cabo de los años la realidad se comenzó a encargar de juzgar ese tipo de reportes oficiales, ya que a pesar de lo que intentaban reflejar las cifras oficiales alegres, su distancia con la realidad ciudadana no mejoraba y más bien alimentaba expresiones sociales como “todo sigue igual”, “llegaron a hacer las cosas diferentes para estar igual, a cambiar para no cambiar”.
Hace tres años, en plena efervescencia de un “ahora sí”, “ya ganamos” y todas esas expresiones que al unísono pedían un legítimo cambio, la rueda del tiempo siguió su paso mostrando lo que va quedando a su camino. El pasado 1 de septiembre se realizó el tercer informe de gobierno mexicano. Una narrativa repleta solo de buenas noticias, de esas que todo mundo ansía escuchar. Que si unas “históricas remesas” para ayudar a paisanos, pero provenientes del dinero de otro país en donde no se tiene injerencia y que han servido para paliar la situación en México; que, si por fin “se acabó la corrupción”, cuando en tres años no se haya visto un solo indicio contundente en su combate, con estricto apego al debido proceso; o una reducción de homicidios, como si una disminución del “0.5%” tuviera la capacidad de explicar el verdadero funcionamiento y pendientes de la seguridad y justicia mexicanas. Cifras oficiales que evocan el reto de la evaluación de desempeño, el camino para detectar mentiras institucionalizadas y evitar que la ciudadanía siga viendo reflejado en su vida diaria que todo sigue igual… o peor.
Ricardo Corona
