Una persona desesperada, presionada por tener que negociar en un esquema paralegal su finiquito y evitar así esperar a que abran los juzgados laborales para demandar a su patrón por despido injustificado, tuvo que aceptar lo que se le ofreció ante un mensaje lapidante: “esto ahorita o después quién sabe cuánto te toque”. A otra, la despojaron de su medio de transporte con el que, además presta servicios y la autoridad le ha respondido enfáticamente: “no es un caso urgente”. Ambas son situaciones derivadas de un contexto pandémico que se multiplicarán durante los próximos meses, corriendo el riesgo de generar otra curva que también será difícil de aplanar si no se toman las medidas adecuadas.
México es un país de leyes y no por ello se podrá decir que es un país con estado de derecho pleno. No basta con una constitución que mandate prontitud, completud, imparcialidad y gratuidad en el acceso a la justicia, cuando muchas personas no pueden acudir ante la autoridad a hacer valer sus derechos. Eso se puede explicar por diversas causas, pero entre las principales están el déficit de confianza ciudadana y que no todos los rincones de la justicia cuentan con las condiciones adecuadas para aprovechar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y permitir así que un país con 70.1% de su población con acceso a internet, pueda hacer valer sus derechos.
Se han documentado diversos esfuerzos previos a la contingencia, tanto a nivel estatal como federal, para avanzar en la materialización de una justicia en línea. Además, hace un par de días circuló una iniciativa para reformar el artículo 17 constitucional y aprovechar las TIC. Que la gente deje de padecer las inclemencias ya conocidas como esos pesados expedientes y transitar a la era del expediente digital; hacer a un lado la industria de las notificaciones; poder presentar escritos con firma electrónica; y todos aquellos elementos que permitan, desde un dispositivo móvil, tocar con toda confianza la puerta de la justicia mexicana desde cualquier lugar. Sin embargo, los esfuerzos hasta ahora realizados han omitido profundizar en algo indispensable para mejorar la justicia mexicana: analizar la calidad del estado de derecho. Realizar una evaluación integral del desempeño que vaya más allá de contar con internet, banda ancha, datos cuantitativos y que permita contar con evidencia adecuada para mejorar el trabajo de los operadores del sistema de justicia mexicana. Que se logre un equilibrio entre ese aprovechamiento de las TIC y la confianza ciudadana, al grado de que cualquier persona con capacidad para demandar justicia en línea, lo haga con la misma confianza con que pide una pizza desde su celular.
* Abogado especialista en análisis de políticas públicas en materia de justicia y estado de derecho.
