La Constitución mexicana salvaguarda la libre expresión. Toda persona tiene, entre otros, el derecho a difundir información e ideas de toda índole a través de cualquier medio. A nadie se le sancionará, siempre y cuando no se ataque a la moral, la vida, o derechos de terceros. Además, contiene la potestad de controlar los medios de comunicación que impidan su goce pleno. Hasta aquí, todo parece en orden y con la receta adecuada para materializar esa libre expresión. Sin embargo, a pesar de que el Estado tenga la facultad de poner orden, hay un espacio, de facto, que ni la Constitución, ni un tsunami de conferencias matutinas, vespertinas o nocturnas, controlarán: las redes sociales. Ese espacio que ha permitido a la ciudadanía empoderarse y vincularse, durante los últimos años con la vida pública del país, a partir de una infinidad de manifestaciones. Sirva de muestra a lo anterior que, cuando se contrasta el texto constitucional con el día a día de todas las personas que interactúan en redes sociales, la realidad rebasa al deber ser. Un permanente mosaico de, entre otros, datos, suposiciones, mentiras, otros datos, presunciones, denuncias, movimientos e iniciativas públicas y privadas, con capacidad suficiente para incidir en que la autoridad cumpla su deber con niveles de eficacia que pondrían celosa a cualquier denuncia formal. La realidad define el contenido de la norma, no al revés. Y se podrá seguir intentando amarrar la realidad desde el papel para promover integración nacional, formación educativa, cultura, civismo, igualdad, imparcialidad, objetividad oportuna y veraz, espacio a diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la democracia mexicana. Pero las redes sociales no caben en ese molde y aunque se puedan apagar fuegos mediáticos en medios tradicionales, es evidente que ni siquiera la persona más popular tiene la capacidad para poner orden en esta ágora moderna en la que todo mundo difunde y defiende sus ideas.
Se ha dicho “estos son otros tiempos”, incluso cuando se propugna el respeto a la libertad de expresión, al amparo del desprestigio permanente. Así que México, con sus más de 70 millones de usuarios de redes sociales, tiene la encomienda de aprender a detectar cuándo se trata de personas o verdades verdaderas, a medias o falsas, que, con el velo de libertad de expresión, vulneren derechos. Las voluntades son pasajeras, pero las incontrolables redes sociales no. Llegaron para quedarse y ser parte de la solución a un aciago momento que vive el derecho a expresarse, pero responsablemente.
* Abogado especialista en análisis de políticas públicas en materia de justicia y estado de derecho.
