Expropiación de la opinión

El día de hoy se conmemora la expropiación petrolera, realizada en 1938 por decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Un acto de autoridad permitido por la Constitución a partir del cual, con causa justificada y pago de una indemnización, se restringieron derechos. Todo un suceso que impactó positivamente en la confianza ciudadana del país, al grado de ver a personas donando desde joyas hasta gallinas para la causa.

A 84 años de distancia el panorama cambió mucho. Un mundo globalizado en el que las fuentes de riqueza y poder se han diversificado a, entre otras, tecnología o información de las personas, como su opinión. Panorama que, además robusteció el impacto de los medios de información tradicionales, con tres cuartas partes de la población que hoy tienen acceso a internet; aunque claro, eso hizo más grande la puerta al mundo de la manipulación de información y datos que impactan la percepción y confianza ciudadanas. Por ejemplo, hablar de una reducción del número de delitos y la atención a las causas del problema, cuando la violencia está imparable; de una moneda que está soportando las inclemencias del contexto global, cuando los precios de la canasta básica y la inflación no ceden; de un nuevo aeropuerto “de primer mundo”, cuando a días de su inauguración la discusión no llega siquiera al número de vuelos que tendrá al día, sino en lo que implicará tan solo llegar y no encontrar cajeros automáticos, señal de teléfono adecuada, hotel, o servicio privado de transporte; de que hay estado de derecho en el país, cuando se hace todo para torcer o cambiar leyes e instituciones a modo con tal de alinearlas a una voluntad; o de convocar a un ejercicio “democrático” de revocación de mandato para consultar si la confianza en un servidor público continúa y con ello pueda terminar su periodo, cuando eso es un mandato constitucional.

Si en verdad se quisiera tomar con seriedad el papel que merecen la opinión ciudadana y su confianza para decidir si, por ejemplo, alguien siga o no en su cargo ¿por qué no tomar información que ya existe y de paso se da un respiro a las finanzas del país para atender necesidades reales? Por ejemplo, la estadística de INEGI que reporta una cifra negra de más de 93% y que revela el nivel de desconfianza de la ciudadanía para denunciar un delito ¿ahí también se haría lo imposible para que los servidores públicos difundan información y datos?

Parece como si México viviera una expropiación de la opinión. Nada más que sin permiso de la constitución, ni causa justificada, ni indemnización, ni impacto positivo, ni joyas, ni gallinas. Simplemente para no ir en contra del poder.