Se dice coloquialmente que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. En el mundo del derecho hay dos grandes universos que, si bien comulgan, entre otros, con el estado de derecho y la justicia, no siempre parecen ir por el mismo lugar: las iniciativas privada y pública. La actual disrupción tecnológica ha puesto en el radar de la iniciativa privada, desde el litigante individual, hasta grandes firmas internacionales, la importancia de subsistir en un mercado que corre el riesgo de dejar sin trabajo a parte de los casi 400 mil abogados que hay en México o bien, que parte de casi 250 mil estudiantes que toman clase en alguna de las más de 2 mil instituciones educativas que ofrecen la licenciatura, nunca lleguen a trabajar para lo que estudiaron. Preocupación, además, surgida en un contexto global vinculado a economía digital, algoritmos, metaverso, inteligencia artificial, big data, automatización, etc. que ha disminuido la rentabilidad de servicios jurídicos privados.
Como consecuencia, esos profesionales se han dado a la tarea de diseñar nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia y eficacia en la prestación de sus servicios, además de mejorar condiciones de costo en tiempo y dinero para sus clientes a partir de planteamientos inimaginables hace tan solo algunos años para evitar desaparecer del mercado. Por ejemplo, fijar un límite de tiempo de 5 años para implementar mejoras; especializarse y actualizarse con un enfoque multidisciplinario; ser transparentes con el cliente; fortalecer el cumplimiento de estándares éticos en el desempeño de la profesión; o dejar de depender de grandes oficinas que no garantizan servicios de calidad. El mensaje es contundente: los profesionales en derecho de la iniciativa privada, o al menos una parte, están haciendo lo que deben hacer para mejorar.
Esa experiencia privada abre espacio para preguntar si desde la iniciativa pública se podría hacer algo similar, con una prioridad como la subsistencia misma o seguirá, como se ha visto en muchos lugares, con una asimetría que no es prioridad. Aunque su incentivo no es correr el riesgo de desaparecer del mercado porque los mantiene el dinero público, si ponen en riesgo su legitimidad, tal y como por años lo ha documentado el INEGI. Y si bien hay esfuerzos aislados como los realizados en el Estado de México, la implementación estándar mínima que requiere el país es lejana, pero más aun, si se contrasta con la realidad de la justicia cotidiana en dicha entidad, visible para la ciudadanía en general, parece que también está quedando a deber. México está urgido de que, a pesar de que una cosa sea una cosa y otra cosa sea otra cosa, públicos y privados realmente contribuyan de la mano de una rampante tecnología a democratizar el estado de derecho y la justicia que necesita el país.
Ricardo Corona
