La reciente asignación de Lenia Batres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaparó la nota mediática en la agenda nacional, fue materia de ataques con todo fervor de la oposición descalificando tanto el proceso como la designación en sí; durante el proceso legislativo que fue agotado desde que se enviaron las ternas del ejecutivo al Senado acorde al procedimiento constitucional, las propuestas fueron descalificadas por la oposición como si en su eventual gobernanza no hubieran propuesto a sus afines para ocupar tan relevantes cargos, sin embargo, cumplieron con su deber natural de oponerse a dichas propuestas.
En todo caso lo atípico es que se en dos ocasiones el Senado de la República no reunieron las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión de designación, lo que implica que frente a esa circunstancia el titular del ejecutivo federal asume la facultad de realizar la designación directa del o la ministro de la Corte frente a la falta de consenso legislativo senatorial, en ese sentido, fue asignada la abogada Lenia Batres Guadarrama como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lenia es una abogada preparada académicamente con perfil basto en cuanto a su experiencia y conocimiento, aunque lo destacable es su identidad política y formación ideológica ya que proviene de la lucha social que dio origen al movimiento político que hoy gobierna el país, siempre en la izquierda, eso es en concreto lo que reprochan los opositores aunque realmente las designaciones de ministros de la Corte en los periodos en los que ellos gobernaron siempre fueron bajo el mismo mecanismo de afinidad política, así que haya sido quien sea designado invariablemente tendrá el reproche político.
Los ministros actuales en su mayoría son personajes que fueron designados en la etapa anterior al actual sexenio, por lo que le debe su favor político a personajes del PAN y del PRI, y frente a la situación política de desmantelamiento político electoral de la oposición, están acuartelados desde el poder judicial para la operación política mediante resoluciones jurisdiccionales, es el último reducto que le queda a la oposición para poder contrapesar el poder político de Andrés Manuel y su mayoría legislativa que han llevado a cabo diversas reformas políticas que son rasgos fundamentales del modelo político y económico en México.
Es de destacar que Lenia Batres anunció que renunciaría a los privilegios que tienen los ministro de la Corte empezando por el sueldo el cual se lo iba a ajustar acorde a la normativa constitucional en el sentido de que no iba a gana más que el presidente de la república, lo cual pone una muestra clara de congruencia y nueva actitud de adaptación a los nuevo tiempos de transformación que vive el país, hacía falta una voz al interior de la Corte que generara contrapesos políticos más allá de las resoluciones jurisdiccionales que con la mayoría del PRIAN se estaban convirtiendo en determinaciones políticas.
Los procedimientos para declarar la inconstitucionalidad de una Ley General o actos de poderes o gobiernos se requieren las dos terceras partes, los cuales a la fecha dicha correlación está garantizada, hay un cierre de filas en torno a un contrapeso político de la mayoría de los ministros de la Corte para echar abajo cualquier reforma o generación de normas provenientes del ejecutivo, es una confrontación política irracional de quienes han asumido un frontal ataque contra el Presidente, por eso lo importante de ir incorporando voces y posiciones al interior de la Corte para contrastar en el debate jurídico y político la postura de esa corriente ideológica del movimiento de transformación.
