Los datos que presenta el legislador federal y doctor Éctor Jaime Ramírez Barba en su más reciente artículo periodístico es sorprendente: la razón de mortalidad materna en nuestro país aumentó de 48.7 muertes por cada 100 mil nacidos vivos en 2019 a 72.4 en 2021, niveles que no veíamos desde 1990. Desde entonces a la fecha, la tasa se ha estabilizado a la baja, pero se mantiene por encima de los resultados de 1990.
Ese alarmante retroceso de tres décadas en la atención sanitaria es silencioso para la mayoría porque ocurre en contextos íntimos, que aun cuando afectan profundamente la dinámica familiar, sus repercusiones se quedan aisladas del análisis y su integración a la política pública en la materia. Con esto quiero decir que, si bien es cierto que a toda muerte materna hay razonamiento clínico colegiado institucional apuntando a prevenir las causas médicas que la provocaron, es evidente la necesidad de corregir la atención y reforzar las acciones para evitar más muertes.
Entre las causas más recurrentes están la hemorragia obstétrica (18%), los trastornos hipertensivos del embarazo (13%) y el aborto (8%), principalmente entre las mujeres provenientes de zonas rurales, donde el fenómeno es más frecuente; son causas que se repiten año con año. De nuevo, se observa la desigualdad social como factor estructural del riesgo sanitario, algo contra lo que se supone que trabajan los gobiernos de todos los órdenes; es evidente que es necesario corregir.
El Plan Nacional de Desarrollo del presente sexenio seguramente trazará una ruta estratégica, pero corresponde a las instancias de los sistemas locales cristalizar las acciones concretas para recuperar la atención de calidad para la salud pública y desterrar esta tendencia negativa de mortalidad entre las mujeres, principalmente quienes tienen más de 45 años. El Estado de México en especial tiene esa obligación, pues es la entidad donde más ocurren las muertes.
Hay numerosos retos igualmente importantes en el sector salud de México, pero este es particularmente significativo, pues la muerte de una madre genera efectos profundos en la estructura social durante los años posteriores. Si ya la pandemia de Covid-19 dejó huellas imborrables en numerosas familias, al grado de obligar a incorporar protocolos de atención médica que van más allá de la sola consulta, la mortalidad materna creciente alerta con urgencia a las instituciones a corregir los diagnósticos, asegurar el seguimiento prenatal, garantizar insumos y ampliar la infraestructura de la medicina crítica. Pensar que no se puede hacer más o negarse a cambiar las estrategias para obtener mejores resultados es irresponsable. No hay tiempo que perder, porque hay mucho que ganar.
