El avance que ha tomado nuestro país para consolidar la Democracia entendida como la igualdad de oportunidades para todos y todas, ha sido posible gracias a varios factores: en primer lugar, al avance de los órganos legislativos para introducir normas que establecieron cuotas desde 2002 así como la reforma de paridad; y en segundo, al compromiso asumido por las instituciones electorales. Las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han introducido los criterios anti-Juanitas (simulación de fórmulas mujer propietaria -hombre suplente, para obligar a las primeras a reiniciar); y los criterios de paridad en sus dos dimensiones paridad vertical y horizontal, solo por citar algunos. Pero también está el Instituto Nacional Electoral, que no sólo ha sostenido la paridad en sus criterios sino que el pasado 8 de Noviembre en sesión de Consejo se aprobó dentro de los criterios para el registro de candidaturas algunas medidas tendientes a generar criterios para hacer realidad la igualdad dentro de la integración del Congreso de la Unión y también para romper brechas y garantizar la inclusión de los pueblos indígenas.
Este acuerdo señala que en materia de candidaturas a Diputaciones de Representación Proporcional, al menos dos de las 5 listas que cada partido registrará deberán estar encabezadas por una mujer. Recordemos que generalmente estas listas en todos los partidos están encabezadas por hombres, y al ser alternadas (hombre-mujer) y sujetas a los resultados de la elección, se produce que el número de Diputaciones Federales plurinominales recaigan en más hombres que en mujeres.
Otro criterio establecido por el INE es que en el caso del Senado y como acción afirmativa, la lista registrada para el caso de Representación Proporcional por cada partido deberá ser encabezada por una mujer.
Para el caso de las candidaturas de Mayoría Relativa al Senado, las dos fórmulas registradas por los partidos serán de distinto género y en la mitad de las entidades federativas, la primera fórmula corresponderá a mujer.
Por otro lado este acuerdo señala que de los 28 Distritos con más del 40% de población indígena, al menos 12 serán encabezados por personas que se señalen como tales. En estas 12 postulaciones prevalecerá el criterio de paridad, es decir, mitad hombres y mujeres.
Con estas reglas el INE genera un gran equilibrio para poder avanzar a conformar un Congreso efectivamente paritario, donde no solamente crezca en número la presencia de las Mujeres, sino que su representación igualitaria se refleje en los órganos de gobierno y de posiciones de decisión en su interior. En el Senado por ejemplo, donde la resistencia de los senadores se impuso para impedir que una mujer lo presidiera durante los 6 años que comprenden la LVII y LVIII legislatura, hace evidente la necesidad de lograr equilibrios.
Sin embargo, habrá que esperar que el compromiso con la igualdad no se quede en el INE y sea asumido también por los órganos de dirección de todos los partidos. Ya hay voces que adelantan el camino de la impugnación.
Sería una lástima, porque los avances que en materia de igualdad que han logrado Mujeres en México, no han sido gratuitos. Representan las voces de mujeres que nos antecedieron desde hace muchos años. Lograr un Congreso paritario con la voz de las mujeres y de los pueblos indígenas en un país en el que persisten las brechas entre los que tienen todo y los que no tienen nada, entre los que deciden y los que no tienen voz; constituiría un gran paso en el camino hacia lograr una igualdad en desarrollo, en oportunidades y en acceso a la justicia.
