He recorrido intensamente Chiapas durante los últimos tres años como diputada federal, gestionando desarrollo. Y me he dado cuenta cómo la complejidad del fenómeno de la inseguridad ha venido escalando. Y me refiero a la complejidad, no a la inseguridad misma porque, como he sostenido en otras ocasiones, la mesa de seguridad en Chiapas ha mostrado reaccionar rápidamente ante los brotes observados.
Pero cada vez son mayores en número los conflictos que no son meros brotes sino que se están volviendo más duraderos, lo cual denota que su complejidad dificulta al Estado deshacer los nudos ciegos en que se han convertido. Y digo que la complejidad ha escalado porque al inicio de mis labores de gestión legislativa era solamente una comunidad, Oxchuc, a la que yo no podía asistir por la violencia de su conflicto interno de carácter político. Actualmente son seis municipios a los que tengo prohibido aproximarme por razones de inseguridad. Y la situación se encuentra en un estado de reflujo, donde cuando el Estado logra arreglar un problema y el acceso se vuelve seguro, otro municipio entra en conflicto.
Las razones de inseguridad son de índole diversa. Las más permanentes yo diría que obedecen a conflictos políticos al interior de la comunidad, como es el caso de Oxchuc, pero que ahora se ha mostrado en Pantelhó y otros municipios indígenas. Los meros brotes se refieren a conflictos entre cárteles que muestran que Chiapas ha incrementado su actividad de paso de droga. Pero también el flujo ha ido afectando el consumo interno, donde los micromercados de droga ya se entrelazan con los conflictos políticos internos de cada comunidad, incrementando su dificultad de resolución.
Es cierto, pues, que los índices de inseguridad del Inegi muestran progreso a la baja en todas sus manifestaciones en la presente administración. Pero el estado de alerta, de zozobra, de los chiapanecos por la mayor permanencia de los conflictos se ha incrementado.
Yo creo que el problema principal deviene del hecho de que el Estado ya no pacta con el narcotraficante y esa política difícilmente puede criticarse. También la política de no resolver violencia con más violencia ha hecho que los conflictos se alarguen mientras las políticas sociales empiezan a tener sus frutos. Pero insisto en que el estado de alerta debe incluir la creación de instituciones de desarrollo socio-económico que se enfoquen en generarlo en comunidades en estrés por su situación de violencia. Necesitamos una guerra de guerrillas con balas certeras de desarrollo comunitario.
