Uno de los análisis más serios, por asertivo, es la consecuencia o daño colateral que causó la pandemia por el coronavirus al mercado laboral en el mundo.
La realidad superó cualquier previsión debido a la emergencia sanitaria. De acuerdo con la OIT, el IMSS y el Inegi, la afectación alcanzó a mil 250 millones de trabajadores: 400 millones de empleos perdidos en el mundo.
En México el porcentaje de trabajadores en sectores de riesgo llegaría al 51.5%, establece un estudio de la analista para la región de Lationoamérica, Melisa Murialdo. En junio las deficiencias del mercado se acentuaron: la tasa de desempleo superó los 5 puntos, la de informalidad continuó aumentando. Aunque el porcentaje de subocupados bajó, va a llevar mucho trabajo de fondo retornar a valores de una cifra.
En términos generales, dejaron de estar empleados 4.2 millones de mexicanos más (formales y subocupados), de los cuales unos 3.3 millones pasaron a ocupar parte de la economía informal.
Que estén ocupados de manera informal implica que sean laboralmente vulnerables, ya sea porque la ocupación que tienen no cuenta con un registro que garantice protección laboral o bien, su empleador no les reconoce derechos como subordinados.
A nivel mundial dos mil millones de personas trabajan en condiciones de informalidad; en América Latina y el Caribe, 140 millones; en México, con un 53% de la PEA, 25.6 millones trabajan sin ningún tipo de protección.
La gran diferencia con otras crisis vividas, aclara Murialdo, es que en el caso de esta pandemia ningún país del mundo tiene experiencia, lo que implica que la recuperación del mercado laboral sea incierta y cuanto mucho, parcial.
Lo más probable es que las pérdidas de trabajo se ahonden en los próximos meses, dependiendo en gran medida de la evolución de la crisis sanitaria mundial, y la eficacia de las medidas tomadas para que los efectos no redunden en incrementos significativos de la pobreza a los ya elevados niveles de desigualdad.
La analista recomienda una reestructuración laboral que forme parte de la política económica nacional y mejore las condiciones en el sector informal; además, reduzca continuamente la tasa de subempleo, que forma parte del gran problema estructural histórico del país.
