La polémica de la legalización del aborto en México dividía al país: gobernantes y políticos mojigatos de doble moral le rehuían al tema, así como otros más conservadores con piel de bolcheviques.
Para muchos de estos políticos y gobernantes, el país estaba en “paz” y no se dividía, siempre y cuando en los estados -28 de 32-, se mantuvieran intactos los respectivos códigos penales que castigaban con cárcel a las mujeres que abortaran. Con el fantasma de la Santa Inquisición a la mexicana de los poderes fácticos de los grupos conservadores, de izquierda, centro y derecha, era intocable la penalización a las mujeres.
Muchos de esos estados con códigos penales donde las mujeres pagaban con privación de la libertad, son gobernados por Morena, de presunta “izquierda”, que nada hicieron para impedir se siguiera criminalizando a las mujeres.
En el estado, con la carga moral de hacerse pasar como de “izquierda”, el gobierno y los legisladores morenistas lo más que hicieron fue una vergonzosa reforma: una “rebajita” a las mujeres respecto a los años de prisión por abortar, pero no despenalizaron esta práctica.
Fue durante los gobierno del PRI, en la era de la tlaxcalteca Beatriz Paredes Rangel al frente de la dirigencia nacional de ese partido, que se tiró línea a los gobernadores priistas para penalizar con cárcel la práctica del aborto, y en más de los casos elevaron las penas.
En Puebla, en una santa alianza con los grupos Pro Vida, el gobierno de Mario Marín Torres se congració con los grupos conservadores de la derecha y con la Arquidiócesis de Puebla para penalizar el aborto y criminalizar a las poblanas.
Obviamente durante los gobiernos neopanistas del PRIAN, no le movieron una sola coma al código penal del estado para proteger y escuchar a las mujeres.
Con el arribo de la “presunta izquierda” al gobierno, es decir, Morena, solo le movieron una coma, pero dejaron intacto los castigos corporales a las mujeres que por diferentes circunstancias suspendieran el inicio del embarazo.
Traidoras a sus propias “convicciones” y supuestos “principios”, lo que era una bandera de las mujeres feministas de la izquierda histórica, de manera oportunista se acomodaron en la burocracia estatal corrupta con jugosos sueldos, para dejar pasar los agravios a las mujeres.
Fueron los diez ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quienes hicieron la tarea a los Congresos locales hacinados de conservadores oportunistas de centro, izquierda y derecha para dejar de criminalizar a las mujeres, y no solo eso, las asesorará para salir de prisión.
Pablo Ruiz
