Al cierre del primer semestre del año, dos noticias fueron las más relevantes: la elección en la alcaldía poblana y la ocupación policiaca del campus de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).
Por la velocidad de los acontecimientos y lo predecible del resultado de los comicios, ya es historia el reacomodo de fuerzas políticas en el Congreso local y reconfiguración de los ayuntamientos.
El partido Morena pierde y gana en las elecciones locales, porque mientras mantiene su predominio en la nueva Legislatura, pierde la llamada "joya de la corona", la alcaldía poblana y las Cholulas.
Sin embargo, fue al cierre de junio cuando irrumpe el caso polémico de la Udlap.
Sigue siendo incomprensible por desproporcionado el despliegue de la Policía Estatal fuertemente armada, con agentes de élite de grupos especiales, para que se ejecutara un mandato judicial.
El propio representante legal de Guillermo Jenkins de Landa, quien enfrenta un litigio con el resto de su familia -madre y hermanos-, por el control de la Fundación Mary Street Jenkins, fue el primer sorprendido por la incursión de la fuerza policiaca en el campus.
Carlos Serna Rodríguez, el abogado patrono, fue el primero en desconocer las razones del operativo policiaco.
La acción judicial se reduce entonces al ámbito de las facultades de la Junta de las Institución de Asistencia Privada de Puebla, con base en una resolución judicial de un juez de Ciudad de México, y uno del Poder Judicial local, para reconocer al nuevo patronato de la Fundación Udlap.
El rector Luis Ernesto Derbez ha reiterado cuentan con un amparo provisional otorgado por un juez de distrito que dejaba a salvo del litigio a la Fundación de la Udlap y a su presidenta Margarita Jenkins de Landa.
Del litigio familiar derivado de las acusaciones del primogénito Guillermo Jenkins contra su madre y hermanos, ha escalado a una demanda penal por presunto lavado de dinero y desvío de 700 millones de dólares del Patronato de la Fundación Jenkins, del que todavía no hay sentencia.
Una argucia legal tiene a la policía ocupando el campus y el litigio por el control del Patronato fue la oportunidad para cobrarse afretas y agravios, en perjuicio de la comunidad universitaria.
Pablo Ruiz
