Del portafolio de inversiones previstas por la Agencia Estatal de Energía de 40 mil millones de pesos, la mayor cantidad, unos 30 mil mdp, estaba comprometida en energías renovables.
La presentación del plan de inversión corrió a cargo del director del Organismo Público Descentralizado, Rodrigo Osorio Díaz.
En esos años ya se sentía la animadversión del gobierno federal por rechazar la presencia en la entidad de firmas extranjeras, como la española Iberdrola.
No eran buenas señales de la Federación a las empresas mexicanas en sociedad con capital foráneo para incursionar en la generación de energía eólica.
Uno de los empresarios que se aventuró a la generación de energía renovable limpia fue el hombre de negocios Gilberto Marín Quintero, presidente de Grupo Alquimara, quien le apostó al parque que funciona en el municipio de Esperanza.
El proyecto poblano a favor de la generación de las energías limpias está atrapado ahora, al igual que los legisladores del PRI en el Congreso de la Unión, en la “disyuntiva” presidencial:
“¿Estás con el pueblo o con las empresas? ¿Estás con Lázaro Cárdenas o con Carlos Salinas de Gortari? ¿Son nacionalistas o neoliberales?...”.
Evidentemente, los proyectos privados y estatales en Puebla son a favor de las energías renovables para aprovechar el aire y la energía solar.
Lo que se promueve en el estado va en sentido contrario a los términos de la reforma eléctrica de la 4T, enviada por el Presidente a la Cámara de Diputados y al Senado, para la enmienda constitucional que favorezca el control de la generación de energía de la CFE.
Se trata de un asunto de forma y de fondo, en la contradicción entre los planes locales y federales.
Rondan en unos 450 millones de dólares algunas inversiones en el estado en sociedad con firmas ibéricas, para parques eólicos.
Compañías, como Neo en México, planean concluir en diciembre de 2022 la central fotovoltaica en Tepeyahualco.
Según firmas financieras calificadoras de riesgo de inversión, la ley eléctrica del régimen de la 4T inhibe la competitividad y la inversión con el monopolio del Estado en el público de generación de energía, y en la imposición de las reglas del mercado por la CFE.
Pablo Ruiz
