El presidente López Obrador calificó como “afrenta a la justicia” el amparo que, según le informaron desde la Unidad de Inteligencia Financiera, otorgó el Poder Judicial a Luis Cárdenas Palomino para liberarle una cuenta bancaria por 5.5 millones de pesos, y eso que seguramente el funcionario no le detalló que el mismo caso podría darse en breve con otras cuentas por hasta 20 mil millones, propiedad de varios presuntos o confirmados delincuentes que están a punto de obtener, igual, sendas victorias ante los tribunales.
Pablo Gómez lleva un récord nada alentador: en los 14 meses que ha estado al frente de la UIF ha tenido que eliminar de la Lista de Personas Bloqueadas a sujetos tales como Naasón Joaquín García —confeso pederasta líder de la Iglesia de la Luz del Mundo— o como el ex gobernador nayarita Roberto Sandoval —actualmente en prisión preventiva—. De acuerdo con sus propios reportes, este ritmo de reveses se mantendría en los próximos meses.
En el papel, la responsabilidad no es del legislador ni tampoco de la ministra Norma Piña. Aunque, como ya se ha explicado en diferentes espacios, la línea de estas derrotas sí viene de la Suprema Corte de Justicia. Específicamente, de un resolutivo judicial que se heredó del sexenio de Enrique Peña Nieto establecido en 2018 desde la ponencia del ministro Eduardo Medina Mora, a quien este gobierno hizo renunciar y que, a pesar de ello, les sigue generando complicaciones.
Hablamos de la jurisprudencia 2ª./j.46/2018, conocida como “la jurisprudencia de Medina Mora”; dicta que los bloqueos ordenados por la UIF son inconstitucionales, a excepción de cuando se realizan para cumplir compromisos o peticiones internacionales. Bajo este marco, el organismo de la Secretaría de Hacienda, y el propio AMLO, no pueden ingresar, pues, personas a la Lista de Personas Bloqueadas si no cuentan con una petición de organismos como el FBI o la DEA, entre otros.
Palabras clave
Para resguardar esos miles de millones de pesos de la delincuencia, el Presidente podría impulsar ante jueces y magistrados el criterio que su UIF utilizó con éxito en los primeros años del sexenio: cualquier tipo de bloqueo financiero local, relacionado con actividades de lavado de dinero, es indispensable para cumplir con los convenios internacionales que permiten a México estar en el Grupo de Acción Financiera Internacional. Quizá.
Óscar Cedillo@Conejocedillo
