A raíz de los últimos reportajes de Notivox Monterrey en los que la Comisión Estatal de Derechos Humanos exhorta a la secretaría de salud en Nuevo León a supervisar centros de tratamiento y control de adicciones, situación que podríamos anticipar que sucede en todos los estados del país, nos propusimos recordar que ya existe la Norma Oficial Mexicana 028, responsable de regular todas las actividades en la materia y que tan sólo sería cuestión de aplicarla cabalmente para evitar situaciones como las que han sido denunciadas en los sitios “fuera de serie” que suponen violaciones a la dignidad de las personas y efectos contraproducentes para quienes son internados ahí de manera irregular.
Si tan solo las autoridades municipales, estatales y federales se dieran a la tarea de aplicar la norma de manera implacable, sin margen de corrupción o de permisividad, tendríamos una realidad muy diferente en materia de adicciones.
En todo caso, no se trata de cerrar unilateralmente los centros que están fuera de la norma, sino de aplicar brigadas de supervisión, información y capacitación, dándoles a todos la oportunidad de cumplir los requisitos en un tiempo determinado para que puedan obtener la certificación y operar dentro del marco legal, además de visitas aleatorias para comprobar que se mantengan dentro de los estándares oficiales de salud pública.
Aunque han existido esfuerzos de las autoridades para darle oportunidad a los “fuera de serie” de apegarse a la norma y certificar su funcionamiento, la realidad es que muchos se niegan a hacerlo, seguramente porque al hacerlo perderían los negocios secundarios y prohibidos que nada tienen que ver con la salud de los internos, lo que impera con urgencia mano dura de parte de quienes deberían hacer entrar en rigor normativo a todos estos centros.
Cuando hemos tenido oportunidad de trabajar en la consulta privada con quienes han estado internados en centros irregulares, parece haber un común denominador de los delitos o acciones fuera de norma que suceden al interior de estos.
Desde maltrato psicológico, violencia física, explotación humana, hacinamiento, abusos sexuales, encierros involuntarios equiparables a secuestro, falta de supervisión médica, psiquiátrica y terapéutica, sub gobiernos internos y asociación de pandillas, hasta posible tráfico de sustancias dentro y fuera de los centros, son las quejas que quienes han vivido estas experiencias narran al salir con evidentes síntomas postraumáticos.
Y no es que las autoridades estén ajenas a esta realidad o ignoren que esto suceda, puesto que todos los que estamos en el campo de las adicciones sabemos de estas circunstancias, sino que por razones definitivamente ajenas al marco legal, permiten su funcionamiento clandestino en lugar de aplicar la NOM 028.
Por ello en nuestro caso, además de exigir a las autoridades que cumplan con sus obligaciones, parte muy importante en nuestra labor en los medios masivos, en nuestras redes sociales y en la consulta de orientación, es la de explicar con amplitud y recomendar a quienes desean internar a un familiar en un tratamiento residencial, la conveniencia de solicitar que les sea comprobada la norma como requisito indispensable antes de tomar la decisión de elegir el sitio.
Si el centro de adicciones, grupo de ayuda mutua, psiquiatra, médico especializado en adicciones, terapeuta especialista en adicciones o comunidad terapéutica, no tenemos la capacidad de comprobar nuestra cédula registrada en la NOM 028, lo mejor será buscar otra alternativa.
Después de todo, está en juego la salud mental y física de los pacientes, por lo que antes de elegir a donde acudir para su tratamiento, se debe exigir que se cuente con toda la normativa para poder atenderles.
Omar Cervantes Rodríguez
