Con 43 mil 454 delitos contra la vida y la integridad corporal inicia el reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre la incidencia delictiva del fuero común, primer bimestre 2023.
Además, se registraron 13 mil 136 crímenes como el abuso sexual, hostigamiento y acoso sexual, violaciones e incesto; 301 se cometieron en Tamaulipas; más de 43 mil delitos contra la familia y otras violencias de género, mil 403 cometidos en territorio tamaulipeco; y alrededor de 4 mil incumplimientos de obligaciones de asistencia familiar, 277 en Tamaulipas. Una problemática que el Estado atiende desde diversos frentes como el poder legislativo.
Al respecto, el pasado 30 de marzo, la Cámara de Diputaciones aprobó, con 425 votos de Morena, PAN, PRI, PVEM, MC, PRD y una fracción de la bancada del PT; 25 abstenciones fueron de legisladores del PT que cuestionaron esta reforma.
El dictamen sobre la 3de3 contra la violencia, el cual propone reformar los artículos constitucionales 38 y 102 para la suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.
Esta reforma pretende reforzar el cumplimiento del pago de alimentos, en garantía de la supervivencia de menores, mujeres, personas gestantes, personas con discapacidad y adultos mayores; y elevar los costos jurídicos a personas deudoras alimentarias morosas, violadores, acosadores sexuales y agresores.
La también llamada “muerte civil” establece que aquellas personas que aspiren a ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; o que deseen ocupar una candidatura a cualquier cargo de elección popular, no podrán hacerlo si ha sido declarada deudora alimentaria morosa o con sentencia firme por delitos doloso contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, contra el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, por violación a la intimidad sexual; o por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
Para reformas de esta naturaleza, la doctrina constitucional establece que deben superar el test de proporcionalidad, es decir, comprobar que se persigue una finalidad constitucionalmente válida y se lograr, en algún grado, la consecución de su fin. Precedentes sobre limitaciones a deudores alimentarios morosos han superado este test (AI 78/2021 y 137/2021).
En relación a las candidaturas en las elecciones federales y locales de 2024, para que la 3de3 contra la violencia se constituya en un nuevo requisito, el Senado debe aprobar, promulgar y publicar la 3de3 contra la violencia, a más tardar, el próximo 2 de junio.
Lo anterior, en virtud de que el 1 de septiembre inician los procesos electorales locales en San Luis Potosí y Sonora y, el artículo 105 Constitucional establece un periodo mínimo de 90 días previos al inicio de los procesos electorales para realizar reformas fundamentales para el proceso electoral o para la ciudadanía.
Un poderoso mensaje de no violencia, la transformación de la cultura patriarcal y la construcción de una cultura para la paz se generan con la 3de3 contra la violencia, el nuevo requisito en las elecciones de 2024.
