El ciudadano estadunidense Harvey Weinstein, hombre de 65 años de edad, casado, de profesión productor cinematográfico, ha sido objeto de cuatro acusaciones de violación. Las partes acusadoras son la súbdito británica Lysette Chodzko, conocida también como Lysette Anthony, mujer de 54 años de edad, divorciada, de oficio actriz; la ciudadana italiana Aria Maria Vittoria Rossa Argento, conocida también como Asia Argento, mujer de 42 años de edad, divorciada, de oficio actriz; la ciudadana estadunidense Lucia Stoller, conocida también como Lucia Evans, mujer de edad y estado civil desconocidos, de oficio mercadóloga; y la ciudadana estadunidense Rose Arianna McGowan, mujer de 42 años de edad, divorciada, de oficio actriz. A estas acusaciones en contra del señor Weinstein se suman otras 44 por diversos delitos de índole sexual, que van del acoso al abuso. Grave. Gravísimo. Hay algo, sin embargo, más grave aún: a 11 días de que la primera de estas acusaciones fuera hechas del conocimiento público a través de los medios de comunicación, ninguna de ellas ha sido materia de una denuncia penal ante instancias de impartición de justicia de país alguno.
Es bien sabido que los delitos sexuales con gran frecuencia no son denunciados —por mencionar solo países de los que son nacionales dos de las presuntas víctimas de Weinstein, en el Reino Unido constituyen la categoría delictiva menos denunciada, y el caso es idéntico en Italia, donde un estudio calcula por encima del 90 por ciento el número de mujeres víctimas de violencia sexual que no reportan ésta a las autoridades—, lo que resulta comprensible en términos psicológicos —muchas mujeres no quieren revivir la experiencia traumática al verse obligadas a relatarla ante un tribunal en el que tendrían que encarar a su víctima— como sociales —muchas temen ser objeto de un estigma que pudiera incluso coartar su devenir profesional. La segunda de estas razones resulta, además, claramente comprensible en casos como éste, en el que el presunto perpetrador es un hombre profesionalmente poderoso en las industrias cinematográfica, televisiva y de la moda en las que se desempeñan la mayor parte de las mujeres que lo acusan. Se entiende, entonces, el silencio de años —e incluso de décadas— que han guardado estas mujeres, y valeroso que todas ellas hayan decidido salir a hablar para exponer a un personaje que bien parecería una amenaza potencial para futuras generaciones de mujeres que trabajan en la industria del entretenimiento. Preocupa, sin embargo, que todo este proceso siga dándose al margen de la ley.
Cierto es que en 2015 una de las mujeres que hoy acusan a Weinstein en los medios, la modelo italiana Ambra Battilana, denunció un episodio de acoso sexual por parte de él ante la policía de Nueva York —donde tuvo lugar su encuentro con el productor— y que, por incapacidad de las autoridades para probar las acusaciones, sumada a un pago extrajudicial hecho por Weinstein para silenciar a la acusante, el caso fue sobreseído, lo que es lamentable y hoy constituye un problema político para el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr. Es muy posible que las instituciones de impartición de justicia neoyorquinas hayan incumplido con su trabajo en esa oportunidad, y es justo que hoy se les reproche públicamente. ¿Basta esto, sin embargo, para dar resolución a un caso tan complejo al margen de los tribunales? Quisiera pensar que no.
Todo parece indicar que Harvey Weinstein es un monstruo pero ello no lo hace menos merecedor —como lo es todo ciudadano en una democracia— de debido proceso. El hecho de que haya sido despedido de la empresa que fundara con su hermano y que lleva el apellido de ambos, de que su esposa lo haya abandonado y de que hoy haya devenido una especie de paria social constituye un castigo por sus actos acaso merecido, moral si se quiere, pero en modo alguno legal. El proceso a Weinstein se ha dado en los medios de comunicación —los tradicionales como las redes sociales— y el hecho de que ninguna de las víctimas haya interpuesto todavía una denuncia penal preocupa. Preocupa porque tanto el agresor como las víctimas tienen derechos y éstos no han sido todavía puestos en valor (de ahí que Weinstein goce hoy de libertad para internarse en una clínica privada para tratar su adicción sexual cuando acaso su lugar sea tras las rejas). Pero preocupa también por resultar sintomático del desprecio que hoy exhiben nuestras sociedades —y no solo la mexicana, aunque es sin duda parte de ello— por las instituciones de impartición de justicia. Súmese, pues, otra víctima a las muchas que sigue acumulando el caso Weinstein: la Ley. Quiera el futuro de nuestras democracias que a ella también pueda serle reparado el daño.
