De que atender el problema de desapariciones de personas en Jalisco es urgente, ni duda cabe, es más, tiene carácter de Prioridad. Las cifras muestran un panorama no solamente preocupante sino, por su naturaleza, desgarrador para centenares, quizá millares de familias jaliscienses que lo siguen padeciendo y cuyo sufrimiento es inimaginable. Tal vez no exista algo peor. Además, como un fenómeno se ensaña de manera devastadora en este estado, considerado hoy por hoy como el de mayor índice de esa clase de delitos a nivel nacional, absorbiendo hasta ahora algo muy cercano a la quinta parte del problema en el país. Sin embargo, pese a que hay buena voluntad para corregir el rumbo en busca de soluciones más eficaces, tampoco se trata de poner en marcha y aprobar al vapor los elementos legislativos requeridos, con un “fast-track” como dicen los diputados. Las iniciativas del Ejecutivo (2 sobre desapariciones y una sobre víctimas) a este respecto fueron bienvenidas, pero, según se presumió originalmente, deberían estar moduladas por un verdadero consenso público, con opiniones técnicas especializadas y aportaciones fundamentales de tipo comunitario como los colectivos (“por amor a ellos”, “entre cielo y tierra” y otros más) y, de manera particular, naturalmente de las propias experiencias de las familias afectadas.
Además, se trata de un tema en el que ya existen puntos de partida, incluso instituciones creadas -fiscalías, ministerios públicos especiales, comisiones, sistemas, etcétera- que, más que cambios, requieren fortalecerse para cumplir con su función ya que, está visto, no cuentan con elementos suficientes y a veces ni básicos para hacer frente a una ola de denuncias que, sencillamente, han venido incrementando el rezago en las investigaciones. Y, para ello, debemos recordar que lo principal es que cuenten con un presupuesto sustancial que permita avanzar en los procedimientos y atenderlos debidamente, lo cual no figura entre las propuestas ya que vemos un futuro bastante incierto en lo que respecta al gasto público. Así que el problema no es solamente una cuestión de buenas intenciones ya que el incremento de casos se sigue dando día con día, semana tras semana, mes tras mes, provocando un rezago que se advierte casi insuperable, con tendencia a agravarse, y ello sin contar con el subregistro de personas desaparecidas, provocado seguramente por la poca o nula confianza de las familias afectadas hacia las autoridades. La omisión en el cumplimiento de las tareas de investigación y logro de una solución definitiva, está visto, encierra, por si fuera poco, además, una aterradora impunidad creciente.
A este respecto y con relación a la aprobación de las iniciativas que se manejan actualmente en el seno del Congreso estatal, la situación es que no se genere una normatividad que presente, otra vez, fallas que la hagan inoperante o equivocada, como es el hecho de insistir en que se defina un “grupo aparte” con las personas no consideradas legalmente ausentes sino simplemente “no localizables”, lo que a estas últimas las deja en el limbo y, lo peor, fuera del esquema de búsqueda indispensable.
De suyo, el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO que encabeza Alejandra Nuño, así como el Centro de Justicia para La Paz y el Desarrollo (CEPAD), el comité Internacional De la Cruz Roja (CICR) y la Oficina en Mexico de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), han realizado una intensa labor de investigación cuya resultante es una serie de comentarios, prácticamente artículo por artículo, a los cambios procurados en las iniciativas presentadas y que, según parece, podrían dejarse a un lado por la repentina premura a lanzar las nuevas leyes por presiones directas de la Junta de Coordinación de nuestro parlamento local y que interpretamos provienen del Ejecutivo de la entidad. Está bien que se dé celeridad y que contemos ya en Jalisco con una base legal adecuada a la circunstancia, pero de una vez por todas hay que hacer las cosas bien, que exista una certeza jurídica que no se ha dado para que la desaparición de personas, la declaración de ausencia y la atención a víctimas no se vea como un tema más de agenda política sino, ante todo, un asunto profundamente humano y de elemental justicia para los jaliscienses.
Twitter: @MiguelZarateH
