Si alguna promesa oímos como estribillo en las campañas de hace un año fue la de transparencia en la adjudicación de obra pública y gastos gubernamentales. Fue cosa de todos los días, se exhibió todo tipo de simulaciones, al igual que los señalamientos de corrupción de quienes utilizando distintos mecanismos -incluso legales- adjudicaban a amigos, compadres, parientes, etcétera. Y ¿qué ha sucedido? Pues, al menos a nivel federal, las cosas no pintan para mejor. Cierto que apenas van cinco meses de gestión, pero ya los datos son preocupantes: Según Mexicanos contra la Corrupción, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha autorizado más de 28 mil contratos y ni el 20 por ciento de los mismos ha pasado por licitación pública.
Y no se trata de cosa menor. Por ejemplo, estudios del tren maya van ya casi 100 millones de pesos directos; las 671 pipas compradas con “urgencia”, otra compra sin mayor trámite, por 1,765 millones y el caso de Pemex es bastante sintomático, contratos por 44 mil millones de pesos mediante “invitación restringida”. Eso sí, si nos referimos a terminar con simulaciones han sido muy efectivos, no han tenido empacho alguno en justificar tremendas compras directas.
Ahora, tras la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México que, con todo lo que se diga, significó tirar a la basura algo así como cien mil millones de pesos de todos los mexicanos, en lo que se sigue calificando como un error histórico ya prácticamente irreparable para el país y su economía, otra falla garrafal está por darse con la construcción de la refinería Dos Bocas que, en una medida que agravará las perspectivas de Pemex, será realizada en forma directa por el gobierno mexicano y no por empresas especializadas en la materia que participaron en una licitación que se declaró “desierta”. Sólo hay que imaginar a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, al frente de un proyecto de esta envergadura. Poseer un título de ingeniera petroquímica, carrera que ha ejercido de manera paralela a funciones políticas, como que no da para enfrentarse a semejante reto. Del agrónomo director de Pemex, mejor ni hablamos. Y si bien no parece mal que sean nacionales los que desarrollen la obra, sólo hay que recordar que construir refinerías no es nuestro fuerte. No hemos hecho una sola en 40 años y sólo contamos con seis de distinto tamaño. Compárese con Texas que por sí solo cuenta con 60.
Pero el presidente López Obrador, al igual que con la cancelación del NAIM o con el proyecto del tren, sólo se conduce por su mera voluntad, no atiende, ni entiende a especialistas ni expertos porque “no entienden el cambio”, rechaza lo que le contradice porque tiene “intereses políticos” (incluyendo a las calificadoras internacionales) o son opiniones sin “autoridad moral” como las del secretario general de la OCDE, José Angel Gurría, a quien de seguro tienen ahí de adorno desde hace trece años los países más poderosos del mundo. Igual, ahora con Dos Bocas no le vale un cacahuate le pidan sensatez y prudencia los empresarios del país y los especialistas que tanto detesta. “Más reflexión y menos me canso ganso”, le dijo el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos. Pero, hay que darlo por hecho: ahí va “porque va” la refinería que, dicen, costará 8 mil millones de dólares, aunque bancos y otras instancias financieras calculan que se está subvaluando quizá en un 50 por ciento; y que además es casi imposible concluirla en el plazo de tres años.
Sin embargo, lo que inquieta más es que tanto el aeropuerto de Santa Lucía, como la refinería y quizá también el tren, por decir lo importante, quedan en manos propias del Estado. De seguro éste no tiene capacidad para estas construcciones, así que tendrá que subcontratar empresas que, por el simple hecho de manejarse dichas obras en forma directa, lo más seguro es que no pasen por ninguna licitación, al menos en la forma debida. Ya ni pensar que sea los que nos espere en la SCT, que por lo menos hasta la administración pasada fue -sin duda alguna- la más grande muestra de Simulación y Corrupción de pequeña, mediana y gran escala en el país.
Y es que en cualquier lugar del país que se necesita contratar para un servicio, compra u obra que por monto implique licitarlos, existen cientos de historias de simulación donde se aprovecha muchos puntos oscuros que se pueden prestar a arreglos de esos que tanto repelen en su oratoria las actuales autoridades. Aquí en Jalisco ya están por echarse a andar programas de obras importantes como el peribús y el mejoramiento carretero. Ya el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco, Luis Méndez Jaled, señaló hace unos días que es de esperar que estos y los programas futuros, se realicen en un marco de “transparencia y piso parejo”.
No obstante, para el gobernador Enrique Alfaro, por ejemplo, no ha sido tan sencillo sortear los cuestionamientos del programa A Toda Máquina, que tuvo un proceso bastante rapidito y que en su etapa definitoria favoreció en cuestión de días un contrato de 3,600 millones de pesos a un amigo del Ejecutivo estatal y que apenas dos semanas después del fallo, ya celebraba con él en aquella visita de mini-escándalo a Los Ángeles. Claro está que esta situación, denunciada formalmente entre otros por el diputado panista Jesús Hurtado y analizada por la Auditoría Superior del Estado, no debería por ahora prejuzgarse, pero sí servir de motivo de consideración en las siguientes “licitaciones”.
Mucho nos garantizaron los que se encuentra ya en el poder, principalmente en cuanto a honestidad y eficiencia en las inversiones públicas. Esta es una, si no la principal, entre las razones por las que el pueblo les dio su voto. Mejor, que no dejen dudas y, menos, traicionen esa confianza. Mejor que cumplan, así, con las licitaciones que nos prometieron.
Twitter: @MiguelZarateH
