Conviene en estos tiempos caer en la cuenta de una cuestión central en nuestras sociedades: Se trata de reconocer si las decisiones de autoridades y ciudadanos pueden ser cuestionadas y corregidas cuando existe causa razonable que lo amerite. Esta cuestión es una de las columnas indispensables de esa organización político cultural llamada Estado de Derecho.
El asunto puede parecer banal o intrascendente. No es así, aunque resulte impopular revisar decisiones de las autoridades, de los partidos políticos y de organizaciones ciudadanas con actividades sociopolíticas. ¿Razón? El estado de derecho es la solución vigente en la mayoría de las naciones para resolver las situaciones conflictivas y la convivencia de ciertas acciones, planes o modos de hacer, con las cuales se pretende mantener y hacer crecer una sociedad ordenada, protegida – protectora, consciente de su pasado, de sus problemas no resueltos y deseosa de un futuro mejor; todo con modos y actitudes del mayor consenso posible.
El Estado de derecho es la mejor solución de los conflictos propios de las sociedades. Es de reconocer lo acertado del carácter procesual del Estado de derecho. Propiciar y generar una sociedad satisfecha de sí misma no tiene efectos para siempre. Las sociedades crecen, se expanden, las generaciones transitan del nacimiento a la muerte, las soluciones se agotan y la ciencia las cuestiona, lo cual pide otras soluciones. Estas soluciones requieren una autoridad capaz de proceder de acuerdo con los modos establecidos por la sociedad misma para pensar, diseñar y aplicar tales soluciones. Y también para evaluarlas y corregirlas y aun abandonarlas por ineficientes.
Nuestro país nació y ha crecido, desarrollado y reinventado con la herramienta del Estado de derecho. No siempre ha sido respetado por autoridades o grupos de ciudadanos. Con frecuencia las autoridades se ven ante dilemas comprometedores y en ocasiones han decidido mal, con costos para la población o para algunos sectores de esta, y con frutos para otros.
El ejemplo reciente dado por la presidencia de la República al cuestionar todas y cada una de las convenciones de un Estado de derecho democrático y republicano con expresiones, si toman a la letra, ponen en peligro el Estado de derecho y derivan hacia un estado populista y absolutista. Es necesario volver a la prudencia de la República.
