A finales del mes pasado, el Congreso del Estado de México designó como Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México a Luis Eduardo Gómez García, quien se venía desempeñando como Procurador de Protección al Ambiente en el Estado de México.
Con estos movimientos realizados por el gobierno del Estado, se abre una caja de Pandora de malas decisiones en dicha Procuraduría, las cuales ponen en riesgo no solo al encargado de despacho Hugo José Luis Miranda Zenil, sino que también alcanzan al secretario del Medio Ambiente y al propio gobernador Alfredo Del Mazo.
Resulta que el ex procurador decidió inspeccionar y clausurar instalaciones del sector hidrocarburos, tales como gasolineras y estaciones de carburación de gas L.P. bajo el argumento de no contar con algunas autorizaciones ambientales, lo anterior con la finalidad de obligar a los particulares de tramitar dichos permisos con fines recaudatorios, obligándolos a firmar convenios para levantar las clausuras.
Esta estrategia la implementó el hoy magistrado con pleno conocimiento de que carecía de facultades para hacerlo, pero sabedor de que con este mecanismo podría ampliar su espectro de empresas a visitar y aumentar los ingresos por diversas vías, tales como pago de derechos de permisos que no se requieren y la posibilidad de obtener dádivas para acelerar la firma de convenios.
Derivado de la reforma energética promovida en su momento por el presidente Enrique Peña Nieto, se estableció que la Industria de Hidrocarburos es de exclusiva jurisdicción federal, incluso en su momento para eso crearon la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al
Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), con el objeto de regular y supervisar la seguridad industrial, operativa, así como la protección al medio ambiente.
Al revisar lo que dice la ley a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información, señala que la ASEA, de acuerdo con el artículo 95 de la Ley de Hidrocarburos, solo el Gobierno Federal podría sancionar a este tipo de establecimientos, no así las Procuradurías Ambientales Estatales.
Las clausuras dictadas de manera irregular por la Procuraduría de Protección al Ambiente en el Estado de México representan costos millonarios, los cuales eventualmente tendrá que ser reparado por el Gobierno del Estado de México con cargo a los contribuyentes, sin dejar de lado la responsabilidad que deberán cubrir todos los servidores públicos involucrados.
Será muy interesante conocer el sentido en que resolverá el hoy magistrado, respecto las cascadas de demandas de nulidad que seguramente promoverán los particulares en contra de las actuaciones ilegales de cuando se desempeñó como Procurador, seguramente sabremos si se mantiene la autonomía del Tribunal o se trasladan los mecanismos bajo sospecha de corrupción que vienen operando desde la Procuraduría de Protección al Ambiente en el Estado donde literalmente huele a gas.
Miguel Ángel Vargas
