La pregunta es ¿qué se está haciendo más allá de emitir un decálogo sobre el uso de videojuegos y redes sociales para evitar que los menores se involucren en el crimen? Detengámonos un poco y en primer lugar hay que analizar la factibilidad y el acceso que tienen los menores a las consolas de videojuegos, contra todos aquellos que viven en ambientes idóneos para ser reclutados por el crimen organizado.
Creo que el decálogo presentado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no es malo, y más bien es una buena referencia para que los padres de familia presten atención a lo que hacen sus hijos con los videojuegos, pero de ahí a considerar que son un gancho para que se enrolen en la delincuencia organizada hay un mundo de diferencia.
No tocaré de nuevo el punto en el que he insistido en que poco se ha hecho desde el gobierno federal para detener a criminales relacionados con delitos federales, los escasos resultados respecto al decomiso de drogas y armas y ya no se diga de una política integral para prevenir el consumo de drogas.
Hoy quiero referirme al contexto en el que se da el real reclutamiento de menores por parte de la delincuencia, el más grave está en las calles, pero se deriva principalmente del entorno social en el que se desenvuelven los menores y que poco se ha atacado no solo con políticas públicas sino también con nulos recursos.
Cito de nuevo el estudio realizado por la Red por los Derechos de la Infancia de México y el Observatorio Nacional Ciudadano en el que se considera que “el reclutamiento y utilización de las niñas, niños y adolescentes se deriva de condiciones heterogéneas que pueden ser desde el entorno familiar, la pobreza, el abandono, la falta de oportunidades, la victimización por violencia familiar, hasta el contexto social o la cercanía a zonas con presencia de grupos delictivos, entre otros. Esto hace del reclutamiento y utilización un fenómeno sumamente complejo de prevenir”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015, estimó que en México 30 mil niños y niñas habían sido captados por grupos delictivos en nuestro país y en 2018 dicha cifra se elevó a 460 mil y “detrás de cada uno de ellos, hay una serie de condiciones estructurales y sociales desatendidas por el Estado mexicano, que son utilizadas por grupos familiares, pandillas y organizaciones delincuenciales en su beneficio”.
Así que si hablamos del riesgo de ser reclutados por criminales a través de videojuegos termina siendo una cosa de risa.
Miguel Ángel Puértolas
[email protected]
