Gran revuelo causó la declaración de la aspirante del PAN al gobierno del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, respecto a que el actual fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, no continuaría más en el cargo en caso de que ella ganara la elección, cosa que obviamente sucedería con cualquiera de las otras dos aspirantes.
Era evidente que, de entrada, a Libia le urgía desarmar a la competencia con una declaración de este tipo y en ningún momento calificó el trabajo realizado por el actual fiscal, solo se limitó a hacer eco de lo que parece ser la crónica de un acuerdo anunciado, de haberlo, claro.
Aunque en lo público ha sido duramente criticado por el gobierno de la 4T, hoy la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no sólo goza del reconocimiento de la Secretaría de Gobernación, de origen morenista, o de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino también de organismos de la sociedad civil como México Evalúa y del propio gobierno de los Estados Unidos, de quien ha recibido importante cantidad de recursos para su fortalecimiento.
Con ello se descarta la posibilidad de lo contemplado por el Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que habla de las causas graves por las que podría ser removido el fiscal como son: incumplimiento reiterado de esta ley o participar, tolerar, consentir o apoyar violaciones graves a los derechos humanos, o cometer violaciones graves a la Constitución General, a la Constitución Local y a las leyes. Solo para contexto, ni los Guacamaya Leaks encontraron algo que incrimine a Carlos Zamarripa en ningún sentido al declararlo “fiscal confiable”.
Otro escenario tal vez el menos probable es la conclusión del encargo en febrero de 2028, cosa que cumpliría en parte con el anuncio de la candidata panista si llegara a la gubernatura, claro, solo serían dos años de su administración, pero en efecto no continuaría durante todo su mandato.
Pero hay otra salida que es tal vez la más probable y se trata de una solicitud de licencia por más de 6 meses, lo que de suceder al inicio de la siguiente administración conllevaría a que de acuerdo al Artículo 95 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato el Congreso en 20 días integre una lista de 5 candidatos aprobados por mayoría calificada, en tanto la titular del Ejecutivo nombrará a un provisional. El gobernador enviará una terna si el Congreso no propone sustituto, donde podrá participar el fiscal provisional. El fiscal saldrá del voto de las 2 terceras partes del Congreso.
El escenario se complica, si la mayoría en el Congreso no corresponde al partido del Ejecutivo, historia que hemos visto ya en otros estados.
