Una de las banderas de campaña del Presidente López Obrador fue la de acabar con la corrupción en México y aunque en marzo de 2021 declaró: “se lleva bastante avance, no hay corrupción, aunque les dé coraje a los conservadores, ya se acabó. Porque el Presidente no es corrupto y no tolera la corrupción”, la realidad nos da un portazo en la nariz.
México se estancó y por cuarto año consecutivo se ubicó en la posición 126 en el Índice de Percepción de la Corrupción de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional, compartiendo el nada honroso lugar con países como El Salvador, Kenia y Togo.
Por si fuera poco, esta situación va a empeorar luego de la iniciativa presentada por el mismo Jefe del Ejecutivo el 5 de febrero entre las reformas propuestas a la Constitución que en lo que han llamado una simplificación administrativa del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), planean darle el tiro de gracia desapareciendo la Secretaría Ejecutiva del Sistema.
Con la cantaleta del ahorro y la austeridad republicana han propuesto que las funciones de este órgano eminentemente técnico que permite el funcionamiento del SNA sean absorbidas por la Secretaría de la Función Pública, lo que convertiría al gobierno en juez y parte a la hora de investigar supuestos actos de corrupción o malas prácticas de gobierno.
Se desmantelaría la posibilidad de contar con una Plataforma Digital Nacional que retiraría la obligación de autoridades y organismos autónomos de hacer públicas declaraciones patrimoniales, sanciones y contrataciones públicas y se corre el riesgo de que los datos disponibles sean utilizados para intereses políticos.
Además, elimina la participación ciudadana y vulnera el cumplimiento de compromisos adquiridos con el T-MEC, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, entre otros. Significa un retroceso para la construcción de un federalismo en materia anticorrupción, entre otros lastres.
Lo peor: no he visto autoridad alguna preocuparse o pronunciarse sobre el tema.
