Tragedias como la sucedida el día de ayer en el municipio de Salamanca nos dejan fuera de toda duda de hasta dónde puede llegar el crimen organizado en su forma de atentar contra la vida de otros, un paquete decorado con globos y serpentinas ocultaba dentro una carga explosiva que dejó sin vida a dos personas e hirió a cuatro más.
Una de las primeras teorías que se tiene sobre el hecho es que podría tratarse del resultado de una negativa al famoso pago de piso al que un sinnúmero de empresarios de los más variados ramos están siendo víctimas y que por miedo a sufrir atentados como el ocurrido ayer terminaron cediendo a los delincuentes.
Un ejemplo de cómo se pueden tornar violentos los “cobradores de piso” una actividad que se volvió más frecuente luego de la restricción para tener acceso al robo de combustible en la zona huachicolera de la entidad, fue lo ocurrido hace apenas dos años en Celaya cuando al menos tres tortillerías fueron atacadas de forma simultánea por hombres armados en diferentes puntos de aquella ciudad, luego que integrantes de este gremio se habían manifestado para exigir a las autoridades municipales y estatales mayores condiciones de seguridad, ya que han sido sujetos de extorsiones e intentos de extorsión.
El asesinato a balazos de tres mujeres en una sola tortillería de nombre “La indita” en la colonia Lagos fue el corolario de esta ola de violencia registrada con relación a hechos de extorsión y aunque en el caso de Salamanca aún no está claro el móvil del atentado sería por demás preocupante que tuviera relación con este delito.
Son mucho más los testimonios que se tienen (de manera cercana pues públicos no se hacen) que denuncias en torno a este delito que lamentablemente tiene una cifra negra elevadísima dadas las condiciones en las que se ejecuta. A julio de 2021 se tenía el registro a nivel nacional de 4 mil 906 carpetas de investigación por extorsión, de vinculaciones a proceso y sentencias mejor ni hablemos.
Miguel Ángel Puértolas
