Pensar que con el endurecimiento de la ley se van a controlar conductas que pueden ser constitutivas de un delito es un grave error que se ha demostrado una y otra vez. En general obedece a un populismo punitivo que a nadie le conviene, pues responde al clamor de las mayorías, pero no a una verdadera intención de terminar con esas conductas pues generalmente no atiende el fondo de los problemas.
Buscar la radicalización de la aplicación de la ley, solo genera más conflicto social, pues en primer lugar termina sobrepoblando las cárceles de primodelincuentes, o de presuntos delincuentes a quienes se les ingresa en un sistema penal que de lo que más carece es de la regeneración de la persona para reinsertarlo de nuevo en la sociedad, pues muchas cárceles son simple y llanamente escuelas de criminales.
Y es que endurecer la ley, incrementar las sanciones o sancionar conductas como delictivas cuando se trata de faltas a reglamentos no tiene para nada un efecto disuasivo en los individuos, la conducta del ser humano no está regida por los efectos que pudiera tener una sanción determinada. Es decir, las personas no están pensando en las sanciones, para dejar de comportarse de tal o cual manera.
Esto tiene una explicación, nadie está atento ni trae consigo una copia del Código Penal en el bolsillo para consultar si una conducta le va a traer determinada sanción, luego entonces las autoridades, al convertir faltas administrativas en delitos, o castigar las conductas delictivas con penas mayores, o peor aún andar inventando delitos para corregir la percepción de inseguridad, lo más seguro es que nos llevarán al fracaso total.
La prevención, la educación, y generar las condiciones necesarias para evitar una conducta dañina, siempre tendrán un efecto superior que andar amenazando con penas de privación de la libertad a quienes incurran en una conducta ilegal, dejémonos de ejercer el derecho populista que solo atrae reflectores y empecemos por atender de raíz los problemas que nos aquejan.
Miguel Ángel Puértolas
